El bloque de diputados nacionales de la UCR presentó un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández porque consideró que no acató el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó que se le devuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación. El PRO y Avanza Libertad también presentaron proyectos propios ayer.
Desde el partido centenario habían adelantado que impulsarían el juicio político cuando el Presidente anunció junto a 14 gobernadores que desconocería el fallo del máximo tribunal. Luego, el mandatario explicó a través de las redes sociales que haría los depósitos pero con bonos del Tesoro. Ante esta situación, la UCR dejó el proyecto en stand by mientras consultaba a constitucionalistas y tributaristas expertos en coparticipación. Finalmente, resolvieron que el Gobierno no estaba cumpliendo con la manda judicial.
“Intentar pagar la coparticipación de CABA con bonos es un ardid malicioso para solapar la desobediencia al fallo de la Corte Suprema”, denunció el jefe del bloque radical, Mario Negri, a través de las redes sociales. El proyecto, que lleva las firmas de todos los integrantes de la bancada, estipula en su único artículo: “Promover juicio político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
En los fundamentos, la oposición argumenta que el fallo de la Corte Suprema expresa con claridad que las “transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.
Según los diputados del radicalismo, el pago con bonos del Tesoro TX31 “implica un apartamiento manifiesto de lo resuelto” ya que no se realiza en forma diaria y “por la misma vía que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” reciben las remesas correspondientes al régimen de coparticipación federal de impuestos.
“Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”, señalaron.
El proyecto del radicalismo lleva las firmas de Mario Negri, Manuel Aguirre, Martín Arjol, Lidia Ascárate, Karina Banfi, Mario Barletta, Miguel Bazze, Gustavo Bohuid, Ricardo Buryaile, Marcos Carasso, Fernando Carbajal, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Ximena García, Jimena Latorre, Gabriela Lena, Facundo Manes, Juan Martín, Francisco Monti, Miguel Nanni, Lisandro Nieri, Juan Carlos Polini, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Jorge Rizotti, Víctor Hugo Romero, Sebastián Salvador, Roberto Sánchez, Jorge Vara y Pamela Verasay.
En la misma línea, el economista José Luis Espert, de Avanza Libertad, también presentó un proyecto propio. “El presidente Alberto Fernández apoyado por los gobernadores decidieron y le comunicaron a la población que no se iba acatar dicho fallo y así es como se perpetra un nuevo golpe al sistema constitucional y democrático porque ahora los integrantes del partido gobernante con posiciones relevantes de poder en los destinos de la República ahora no sólo desconocen los derechos de los partidos opositores sino que también desconocen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Espert enmarcó el conflicto de la Casa Rosada con la Corte Suprema en una disputa más amplia del kirchnerismo contra el Poder Judicial: “Ya con las acciones llevadas a cabo por Cristina Fernández de Kirchner y de Cecilia Moreau se menoscabó el sistema representativo mencionado en el art. 1 de la Constitución Nacional, y ahora con esta acción llevada a cabo por Alberto Fernández, se desconoce el sistema republicano mencionado en el mismo artículo de la Carta Magna, porque uno de sus pilares fundamentales es el sistema de pesos y contrapesos mediante la división de poderes”.
Esta mañana, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también criticó al Gobierno y rechazó el pago con bonos. “El Presidente quiere hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo, eso se debe hacer con transferencias del Banco Nación, se llama goteo diario y se hace en pesos. En ningún lugar se habilita el pago en bonos, esto no es interpretable”.
El lunes, el PRO también presentó su propio proyecto de pedido de juicio político contra Fernández, por “mal desempeño” de sus funciones en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.
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