El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pidió excepciones para integrantes de la agrupación autodenominada mapuche Lafken Winkul Mapu —que desde 2017 protagonizó numerosas usurpaciones y atentados en Villa Mascardi— para poder circular a pesar de las restricciones dispuestas por el Gobierno nacional durante la primera parte de la pandemia por COVID 19.
A través de notas internas, cuyas copias fueron remitidas a integrantes de la agrupación, la ex titular del organismo, Magdalena Odarda, solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación –conducido en ese entonces por Sabina Frederic– autorización para transitar desde las tierras usurpadas hasta Bariloche, ubicada a 35 kilómetros de distancia.
Una de los documentos rubricados por Odarda menciona a Yessica Bonefoi, para quien solicitó autorización con el objetivo de cumplir con el “aprovisionamiento de alimentos y medicamentos de su familia y adultos mayores de la comunidad”.
La nota —con fecha 10 de abril de 2020— no es la única en la que funcionarios de esa cartera, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, gestionaron beneficios para la comunidad a pesar de que la misma no estaba registrada ante el organismo e incluso tampoco inició los trámites para ser reconocida como pueblo originario.
Así lo confirmó la fiscal federal subrogante de Bariloche, Cándida Etchepare, en un informe que elaboró luego del desalojo de todos los lotes ubicados en Villa Mascardi, ejecutado a principios de mes.
“Esa comunidad no canalizó sus reclamos por las vías de derecho, no se inscribió ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni pidió ser relevada, como es el procedimiento habitual previsto por la ley y resoluciones que regulan la materia. El INAI expresamente informó en diversas oportunidades que no tiene registro ni petición alguna vinculada con este grupo de personas, el cual, por el contrario, sí se inscribió en el año 2012 pero integrando otra comunidad (”Lof Colhuan-Nahuel”) y reclamando su ancestralidad en otras tierras que sí le fueron reconocidas, en el Barrio Virgen Misionera en esta misma ciudad”, publicó la funcionaria judicial.
Sin embargo, el organismo tuvo una participación activa de acompañamiento y respaldo del grupo violento, que se adjudicó los asentamientos ilegales de Villa Mascardi a través de materiales audiovisuales que están en poder de los investigadores.
El vicepresidente de INAI, Luis Pilquimán, fue sorprendido cuando trasladaba a una familia al asentamiento ilegal, a bordo de un vehículo oficial. El funcionario –quien aún conserva el cargo a pesar de la dimisión de Odarda— le informó a los inspectores del municipio local que se dirigía hasta Villa Mascardi, testimonio que incluso fue aportado por los empleados estatales cuando fueron citados a declarar en dicha causa.
Pero luego del episodio, tanto Pilquimán como Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, intentaron desligarse de la acusación y aportaron versiones distintas. “No sé de dónde salió lo de Mascardi, pero yo, con conocimiento de causa, habiendo estado ahí, puedo decir que esas personas fueron a un barrio del Alto de Bariloche. Trabajaban en el campo, y al otro día debían ir al médico con su bebé, que estaba enfermo”, señaló Carriqueo en recientes declaraciones mediáticas. Los encargados del operativo, lo contradicen.
Los vecinos de Villa Mascardi aseguran que “es evidente el acompañamiento que le dio el gobierno nacional a los integrantes de la comunidad”.
Incluso días atrás trascendió la información sobre los cinco planes sociales que percibe la “machi” Betiana Colhuan, quien es considerada líder espiritual de la lof Lafken Winkul Mapu, una de las mujeres que permanece detenida luego del desalojo del 4 de octubre.
Los registros mencionan que la joven percibe una Asignación Universal por Hijo, el Complemento Leche del Plan 1000 días y la Tarjeta Alimentar, además del Plan Hogar Garrafa y otra asignación por maternidad, que habría percibido por única vez.
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