El Comando Unificado sostiene la custodia en Villa Mascardi y hoy indagarán a las siete mapuches detenidas

Las fuerzas federales mantienen un fuerte operativo sobre los lotes que fueron desalojados, aunque la búsqueda de los líderes de la ocupación en la parte montañosa es “pasiva”

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De las fuerzas que forman parte del Comando Unificado, Gendarmería Nacional es la de mayor preparación y con personal especializado para misiones en zonas boscosas y de alta montaña. Sin embargo su rol está enfocado en los controles viales y de perímetro, y no en el terreno donde habrían escapado los integrantes de la agrupación mapuche Lafken Winkul Mapu.

Los efectivos de esa repartición, en cambio, continúan realizando retenes sobre la ruta y los móviles custodian el paso de vehículos de transporte de pasajeros que transitaban por esa ruta. “Los acompañan desde un extremo al otro, atravesando la zona de conflicto, luego los dejan seguir”, indicó un turista oriundo de Mendoza, que aguardaba el corte para poder avanzar, con destino a El Bolsón.

Ese movimiento genera largas filas y demoras, aunque los responsables del operativo argumentaron que “es una forma de mantener control sobre las personas que se movilizan por el lugar, donde la presencia del Comité Unificado sigue siendo muy activa”.

“La búsqueda en la zona compleja, es pasiva” revelaron a Infobae fuentes que conocen la logística del operativo, y detallaron que “lo que sí es fuerte son los controles perimetrales, posibles accesos y caminos alternativos, pero en la zona montañosa hay poco y nada”.

El criterio que adoptaron los coordinadores del operativo responde a que “nadie conoce mejor el terreno que quienes residen allí desde hace cinco años. No vamos a ir detrás de ellos, pero sí los vamos a esperar cuando intenten salir”.

No quieren que el predio vuelva a ser ocupado. La jueza de Zapala Silvina Domínguez, que conduce el de Bariloche de forma temporal, ordenó la custodia permanente de todos los predios en conflicto, tanto públicos como privados.

Allí permanecen los equipos tácticos de la Policía Federal Argentina (PFA), mientras que las patrullas motorizadas recorren de un extremo a otro el área operativa, desde la seccional Los Maitenes de Parques Nacionales, hasta el fin de la toma, en el sur.

Domínguez aún sostiene el secreto de sumario en torno a la causa. En las próximas horas ordenará la demolición de los edificios que están en el interior de la propiedad perteneciente a Parques Nacionales, la primera que fue usurpada en 2017.

La presencia de los grupos en los predios no está en duda. Las recientes inspecciones oculares terminaron por confirmar lo que ya todos sabían aunque fueron útiles para determinar la cantidad de edificaciones que se levantaron desde el momento en el que ingresaron hasta la actualidad.

“Hay siete construcciones, la mayoría de ellas utilizadas como viviendas y la restante es una especie de invernadero”, confió uno de los efectivos policiales que ingresó al lugar. Esas edificaciones podrían ser derrumbadas en las próximas horas, aunque la jueza aún no lo determinó.

La restitución a sus propietarios de los predios usurpados sería inminente, de acuerdo a datos que revelaron fuentes vinculadas a la investigación.

Indagatoria por Zoom

La jueza subrogante Silvina Domínguez,
La jueza subrogante Silvina Domínguez, junto a las detenidas

Las siete mujeres que fueron detenidas en la diligencia del martes pasado van a prestar declaración indagatoria durante este jueves, a través de la plataforma Zoom.

Cuatro de ellas fueron trasladadas a Buenos Aires para ser alojadas luego en el Penal Federal de Ezeiza, mientras que otras dos permanecen detenidas en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el aeropuerto internacional de Bariloche. La otra detenida, que atraviesa un embarazo de 40 semanas, permanece en el Hospital público de la ciudad rionegrina.

Los abogados defensores de las detenidas, Andrea Raule y Ezequiel Palavecino, apelaron la medida que adoptó la jueza federal y cuestionaron el traslado de las mujeres “a 1600 kilómetros de su grupo familiar y lugar de residencia” y consideraron que la medida “les causa un perjuicio adicional a su privación de libertad”.

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