Diputados de Juntos por el Cambio buscan que los bloqueos sindicales a empresas sean considerados delitos penales

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para que los bloqueos a empresas realizados en el marco de conflictos gremiales sean considerados delitos penales.

La iniciativa impulsada por la cordobesa Laura Rodríguez Machado, que también lleva las firmas de Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, entre otros, propone que “quienes bajo el pretexto de razones gremiales impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial” sean penados con reclusión o prisión de tres a ocho años.

Asimismo, los implicados quedarían inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena.

Ante la consulta de Infobae, la diputada Rodríguez Machado explicó que a diferencia de otros proyectos presentados por representantes de la coalición opositora, como el de la senadora Carolina Losada, este no utiliza el enfoque de la “extorsión” sino el de la violación de la propiedad privada.

“Hoy no es considerado un delito penal. Lo que hace la Justicia es librar el ingreso, pero no persigue a los responsables. Hay una especia de vacío legal a partir del cual algunos gremios buscan naturalizar una práctica que no es parte del derecho laboral”, detalló.

En esa línea, señaló que “el derecho a huelga es no ir a trabajar, mientras que el derecho a la protesta permite manifestarse en el espacio público”. “Llevado al extremo, imaginemos que una empleada doméstica que no está conforme con sus condiciones laborales no deja ingresar a sus empleadores a su propia casa, está afectado el derecho de propiedad”, agregó.

Según el proyecto, la extorsión, argumentando motivos sindicales, “se encuentra en franco aumento frente a la preocupante pasividad del Estado Nacional”. En este último tiempo, fueron de público conocimiento los casos de la bonaerense Lácteos Vidal y la mendocina Mail Express. Por este motivo, desde Juntos por el Cambio solicitan su incorporación al artículo 168 bis del Código Penal (Ley 11.179) por menoscabo a la propiedad privada.

Entre los fundamentos, la legisladora cordobesa expresó que “el ejercicio abusivo de los derechos parece ser la clave de la época que nos toca vivir. La mezquindad que provoca la falsa representación de intereses gremiales, pone en riesgo la capacidad económica de las empresas sometidas a extorsión y, por carácter transitivo, el ejercicio del derecho al trabajo, hasta provocar incluso la pérdida de los mismos”.

El proyecto además cuenta con el acompañamiento de los diputados Ingrid Jetter, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, Marilú Quiroz, Gabriel Chumpitaz, José Nuñez, Alfredo Schiavoni, Alejandro Finocchiaro, Claudio Poggi, Héctor Stefani, Pablo Torello y Mercedes Joury.

Esta semana, el fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Esteban Echeverría, elevó a juicio la causa contra un alto directivo del Sindicato de Camioneros y 7 empleados por el bloqueo realizado en la pyme Química Oeste, por el cual fueron acusados del delito de turbación de la posesión, que, según el Código Penal, prevé una pena de 6 meses a 3 años de prisión.

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