
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, concurrirá el próximo miércoles 14 de septiembre a brindar su primer informe sobre la marcha del Gobierno en una sesión de la Cámara de Diputados. Será la primera vez que el funcionario visite la Cámara Baja y lo hará poco más de tres meses después de haberlo hecho en el Senado.
Las particularidades de la llegada de Manzur a Diputados son varias. La primera es que al Jefe de Gabinete le llegaron 3.926 preguntas para responder, todo un récord desde que se instrumentó por la Constitución los informes de gestión. La segunda es que las preguntas llegaron con anticipación, así que ninguna se refiere al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, por lo que se espera que habrá en el recinto una buena cantidad de preguntas referidas al rol de la custodia, a las investigaciones, y a posibles proyectos que tengan que ver con el concepto de odio. Por último, se realizará luego de la sesión del sábado pasado en donde el PRO se retiró luego de votar el repudio al atentado.
La otra particularidad que tendrá el encuentro es que durante el debate se terminará de definir si al día siguiente, el 15 de septiembre, Diputados realiza una nueva sesión, pero esta vez para tratar un proyecto de ley de consenso y otros que prometen elevar el tono de la discusión.

Entre los de consenso figuran la Ley de Enfermería, que tiene dictamen de mayoría y de minoría, pero hay acuerdo entre los bloques. También aparece la creación de tres universidades -Saladillo, Delta y Pilar-, una iniciativa del oficialismo en donde Juntos por el Cambio votará divido ya que la UCR y Evolución apoyarán y el PRO lo rechazará.
Se suman la prórroga hasta el 31 de diciembre de la ley de entrega voluntaria de armas, la autorización para la entrada al país de tropas extranjeras, así como la salida de las Fuerzas Armadas locales para ejercicios de guerra.
Pero el Frente de Todos también quiere llevar al recinto dos proyectos de ley de carácter económico que generan discusión con el bloque de Juntos por el Cambio.
El primero es el Consenso Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y que los gobernadores están esperando. El bloque de JxC se opone porque establece la posibilidad de subir los impuestos, pero no todos los legisladores están en la misma línea.
Como lo firmaron casi todos los gobernadores -salvo La Pampa, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires- los legisladores provinciales recibieron llamados de los jefes de estado de sus provincias pidiendo el apoyo, por lo que el tema tensiona dentro de la interna de Juntos por el Cambio.

El otro tema que se buscará debatir y también genera cruces dentro de interbloque opositor es la prórroga de seis impuestos -Ganancias, Bienes Personales y cheque entre otros- por cinco años. Hay un sector de JxC que se opone y pide un plazo menor, una prórroga de dos años, otros que se oponen y quieren eliminar algunos y un tercer grupo que silenciosamente lo apoya.
En paralelo, los senadores del Frente de Todos buscan avanzar en varios proyectos de ley antes de que la llegada y el análisis del Presupuesto 2023 concentre toda la atención y el esfuerzo. En esa línea, apuntan a lograr dictamen y llevar al recinto los textos que modifican las leyes vigentes referidas a las convocatorias de consulta popular vinculante y no vinculante y a la eliminación de los plazos para la misma.
Se trata de dos propuestas presentadas por los senadores de Neuquén Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) y de Buenos Aires Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana), que se retomaron en la comisión de Asuntos Constitucionales esta semana que pasó y que nuevamente JxC decidió no estar presente. Sólo lo hizo el radical Pablo Blanco, quien viene desoyendo la estrategia del bloque opositor de no participar de las comisiones para no avalar con su presencia los debates. Algo similar a lo que sucedió esta semana con la sesión para aprobar un proyecto en repudio al intento de magnicidio, ya que entienden que es “show kirchnerista”.

De todas formas, como el oficialismo cuenta con el número, se avanzó en la discusión y uno de los que tomó la palabra fue Parrilli, quien dijo que “nunca fue utilizado desde que fue incorporado en la reforma de la Constitución de 1994 “ y que entiende que es una herramienta “que mejora, agiliza y le da más decisión y protagonismo al pueblo en las iniciativas que toma un gobierno”.
Los proyectos tienen como eje principal la ampliación del temario para la consulta, la modificación de las mayorías en el Congreso para su aprobación y fechas de realización, permitiendo que se hagan consultas populares en paralelo a las elecciones generales.
En la oposición creen que el oficialismo quiere avanzar con esto como Plan B para lograr modificaciones en la composición de la Corte Suprema, ya que entienden que puede ser más viable conseguir votos para aprobar una modificación de la ley de consultas populares que la ampliación del máximo tribunal.
Se espera que esta semana se llame nuevamente a la Comisión con la intención de dictaminar y así tenerlo listo para llevarlo al recinto. La intención del oficialismo es sesionar el 22 de septiembre con este tema y con 22 pliegos de jueces y fiscales que fueron debatidos esta semana en la Comisión de Acuerdos.
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