El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó una acción de amparo presentada por Laura Muñoz, ex pareja de Alejandro Vandenbroele, para cobrar una recompensa como “informante” al haber sido quien denunció en 2012 la relación entre el entonces vicepresidente Amado Boudou y la empresa Ciccone Calcográfica.
Fue Muñoz quien —en un reportaje realizado en febrero de 2012 en Radio Mitre— contó que Vandenbroele trabajaba para Boudou y su socio y amigo José María Núñez Carmona. Tanto Boudou, como Núñez Carmona y Vandenbroele (entre otros) fueron condenados porque se quedaron con la empresa Ciccone Calcográfica cuando el ex Vicepresidente era ministro de Economía del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Las condenas quedaron firmes en 2020 después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los recursos allí presentados por las defensas.
Muñoz también había revelado que Vandenbroele había cobrado dinero de la provincia de Formosa. Eso derivó en otra investigación judicial en la que se reveló que la firma The Old Fund —que se quedó con Ciccone—, había cobrado $7.600.000 por una consultoría que pagó la provincia gobernada por Gildo Insfrán. El contrato firmado implicaba que The Old Fund, sin empleados ni personal especializado en cuestiones económicas —y vinculada a Boudou—, “asesoró” a Formosa en la reestructuración de la deuda de la provincia con el Estado nacional. Por aquel entonces Boudou era el ministro de Economía de la Nación.
Según la presentación hecha por los abogados de Muñoz, Daniel Sabsay y José Luis Puricelli, la mujer fue incluida en 2013 —por orden del juez de Casación Federal Juan Carlos Gemignani— en el Programa de Protección de Testigos del ministerio de Justicia de la Nación. Estuvo allí poco tiempo y volvió a ingresar en 2017 cuando se inició el juicio en el que finalmente fue condenado Boudou. Allí también se explica que desde el cambio de gobierno fue “abandonada” por el Estado nacional, ya que, por ejmplo, se acumuló una deuda de seis meses en el alquiler que —como se estableció en la administración anterior— pagaba el ministerio de Justicia.
En el amparo se señala que el haber declarado como testigo en el Caso Ciccone le trajo perjuicios a Muñoz ya que “perdió su casa y su familia” y quedó en estado de vulnerabilidad. Y agrega que “a pesar de haber brindado información crucial para dilucidar uno de los casos de corrupción más trascedentes desde la recuperación democrática, se ha omitido incorporarla al Registro de Informantes, no se le ha brindado ningún beneficio económico por la información recibida ni se la protege en la actualidad”.
La acción de amparo promovida por Muñoz no solo se refería a la recompensa. También solicitaron que Muñoz sea incorporada al Registro de Informantes de la Ley 27.319, que se dictamine sobre la trascendencia de la información que aportó en los casos de corrupción vinculados con Boudou, se asegure su integridad física y se arbitren los medios para se sustente económicamente. El amparo se había presentado ante la justicia federal en lo Contencioso Administrativo pero pasó a Comodoro Py. Allí le tocó al juez Martínez De Giorgi.
El juez pidió que el ministerio de Seguridad de la Nación dijera si Muñoz había sido incorporada formalmente al Registro de Informantes previsto por la Ley 27.319.
El artículo 13 de esa Ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri establece: ”Tendrá carácter de informante aquella persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de un beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación para la detección de individuos u organizaciones dedicados a la planificación, preparación, comisión, apoyo o financiamiento de los delitos contemplados en la presente ley”.
Martínez De Giorgi también quiso saber si se había dictaminado sobre la trascendencia de la información que brindó Muñoz y si era pertinente el pago de un beneficio económico. El juez solicitó además información sobre la protección de Muñoz y el modo en que se sustenta.
La Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del ministerio de Seguridad de la Nación informó que Muñoz no se encuentra incorporada al Registro de Informantes de la Ley 27.319. Por ello no se ha evaluado la trascendencia de la información que aportó ni se ha dictaminado respecto a la procedencia del pago.
Desde el ministerio de Seguridad explicaron que el principal impedimento para que Muñoz pudiera percibir el beneficio económico establecido en el artículo 13 de la Ley 27.319 es que el procedimiento establecido a tales fines prevé de forma “taxativa” que el aporte de información sea realizado a través de las fuerzas federales de seguridad. Muñoz declaró ante las autoridades judiciales.
Desde Seguridad indicaron que haber incluido a Muñoz en el Registro de Informantes habría resultado “contrario a los principios de juridicidad y legalidad objetiva (rectores del derecho administrativo)”. Explicaron que no resulta posible para la administración pública realizar actos administrativos que no se encuentren previamente previstos normativamente.
En 2020 el ministerio de Seguridad había rechazado la petición de Muñoz para cobrar la recompensa. El juez preguntó si ante aquella resolución se había presentado un recurso administrativo o judicial como apelación. La respuesta fue negativa.
Una vez reunida la información sobre el caso, el juez tomó la decisión de rechazar el amparo. En una resolución firmada por Martínez De Giorgi el miércoles pasado, a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, el juez basó su rechazo en virtud de lo que establece la Ley: que para cobrar una recompensa hay que declarar ante las fuerzas de seguridad y no como testigo. Seguramente Muñoz apelará la decisión y será la Sala I de la Cámara Federal la que revise lo determinado por el juez Martínez De Giorgi.
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