La Cámara Federal de San Martín rechazó todos los recursos que se habían presentado en la causa por la Fiesta en Olivos y le dejó la puerta abierta al juez federal Lino Mirabelli para sobreseer al presidente Alberto Fernández y al resto de los imputados que ya tienen un acuerdo homologado. Para todos ellos el cierre de la causa se demoró más de lo previsto.
El Presidente depositó $3 millones el 26 de mayo pasado. Fueron dos transferencias por $1,6 millón y $1,4 millón desde una cuenta personal radicada en el Banco Santander. Para ese entonces, el juez ya había homologado los acuerdos alcanzados por sus abogados y los defensores de su mujer con la Fiscalía. “No se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el Ministerio Público Fiscal, sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto”, sostuvo el magistrado.
A partir de ese momento, Mirabelli decidió esperar que se resuelvan todas las apelaciones ante la Sala I de la Cámara Federal de San Martín antes de firmar el sobreseimiento y el cierre definitivo de la causa.
Uno de esos planteos lo hizo el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, en representación de los padres de Solange Musse, que pretendían ser aceptados como querellante y como “amigos del tribunal”. “De ningún modo se desconoce el dolor de los pretensos querellantes acerca de cómo transitó la enfermedad su hija, en los tiempos en que regían las restricciones de circulación para los allegados que tenían deseo de estar con ella, ni se desatiende la circunstancia de su posterior fallecimiento. Sin embargo, entendemos que en esta causa se persiguen hechos distintos e independientes a esos sucesos”, sostuvo la Cámara.
El mismo tribunal también rechazó los planteos de Paulo Gustavo Vitaver y Soledad Jara, otros dos particulares que venían reclamando ser querellantes, y de la Asociación civil “Conuvive”, que pedía ser aceptada como amigo del tribunal. “Los términos genéricos y la indicación de que su reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el expediente se encontraría en las páginas de internet que citó, colisionan con el escrutinio estricto que debe observarse para comprobar su aptitud a la luz de la naturaleza del pleito”, dijeron los jueces sobre esa ONG.
Al no haber querellantes que pueda apelar los acuerdos, el juez quedó habilitado para avanzar.
“Si no hay nadie que esté legitimado para cuestionar la homologación de los acuerdos con la Fiscalía, la consecuencia natural es que nadie podrá cuestionar legítimamente los futuros sobreseimientos”, explicó una fuente judicial.
Además del Presidente y su esposa, también ofrecieron reparaciones y tienen acuerdos homologados Fernando Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso, representados por Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo, los mismos abogados de Fabiola Yañez, y finalmente el colorista Federico Abraham, defendido por Pablo Slonismqui y María Ester Ballestero.
El primer paso lo dio Carolina Marafioti, la estilista de Fabiola Yañez, que donó $200 mil y es la única que ya fue sobreseída. Su abogado es Alejandro Rúa.
En cambio, Sofía Pacchi, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh terminaron yendo a indagatoria y recién ayer ofrecieron una reparación de $250 mil para no ser procesadas.
Los abogados de Pacchi, Fernando Burlando y Fabián Amendola, habían intentado una estrategia diferente: afirmaron que no hubo delito porque la amiga de la primera dama tenía un contrato vigente como “asesora en comunicación y protocolo”. Ese contrato era por doce meses, pero se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021. El juez y la Cámara voltearon ese argumento en las últimas semanas.
En el caso de Stefanía Dominguez, otra de las amigas de Yañez, su abogado Mauricio D’Alessandro venía intentando conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente y antes de la indagatoria propuso pagar $250 mil.
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