Denuncian a la jueza que otorgó tierras del Ejército Argentino a una comunidad mapuche de Bariloche

La jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, que dispuso la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad mapuche, fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” y sigue siendo blanco de duras críticas de parte de distintos sectores: “Ya demostró de qué lado está”.

Silvina Domínguez dispuso en febrero pasado la entrega gratuita de la titularidad de las tierras a favor del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su posterior adjudicación a la comunidad Millalonco Ranquehue.

Desde entonces su fallo fue cuestionado con dureza por distintas voces del arco político opositor aunque ahora, además de las críticas, un legislador rionegrino, Juan Martín, denunció el accionar de la magistrada ante el Consejo de la Magistratura.

El parlamentario provincial Juan Martín (Juntos por el Cambio) aseguró que “vemos un mal desempeño del trabajo de la jueza, que podemos fundamentar a partir de una serie de consideraciones jurídicas” y sentenció que “no hay fundamentos en su sentencia”.

Desde agosto de 2021, Domínguez subroga el juzgado federal de Bariloche, es decir, lo preside de manera interina hasta que el Consejo de la Magistratura defina quién ocupará ese lugar, aunque el proceso tiene un avance cansino. Desde 2014 ese juzgado – que debe tomar resoluciones en temas sensibles como las usurpaciones de Villa Mascardi- funciona con interinatos y subrogancias.

La absolución de María Nahuel, integrante de la violenta agrupación Winkul Lafken Mapu, por agredir a la fiscal federal Sylvia Little en plena audiencia arrojándole un lapicero metálico, desnudaba la ideología de Domínguez. Su controvertida absolución provocó la renuncia de Little, quien finalmente fue confirmada en el cargo tras el compromiso expreso del Consejo de la Magistratura de “ponerle un equipo” a disposición. “Me siento sola y decepcionada”, le dijo la fiscal a su entorno.

Ese fallo de Domínguez pasó casi inadvertido. Sin embargo ello no ocurrió con su decisión de otorgarle 180 hectáreas del Ejército a los Millonco Ranquehue.

Martín opinó que en ese expediente, la magistrada “no hizo lugar a las pruebas ofrecidas por la parte demandada” siendo ese uno de los argumentos para denunciar su “mal desempeño”.

Para el parlamentario provincial, presidente de Juntos por el Cambio en la provincia de Río Negro, la sentencia de Domínguez “no está bien fundada” e incluso “ignora otros antecedentes jurídicos a reclamos similares, como el de la comunidad Tripay Antu”. Esa comunidad originaria demanda 170 hectáreas y generó un interesante antecedente, jurisprudencia que no fue tenida en cuenta por la jueza Domínguez al emitir su fallo. Como sucedió con Millalonco Ranquehue, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), le reconoció a Tripay Antú la propiedad usurpada, hizo la mensura y ordenó la entrega del título de las tierras.

Pero la Sala 3 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó la nulidad de la medida, porque el INAI entregó el título a Tripay Antu sin darle participación a Río Negro en el proceso, falencia que se repitió en el caso de Millonco Ranqueue aunque Domínguez ignoró el antecedente.

“La falta sustancial de argumentos en la sentencia radica en que soslayó por completo evaluar los requisitos de procedencia, como lo son el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho, y la inexistencia de otra vía judicial idónea al efecto. Pretendiendo suplir ello por una lacónica y genérica expresión para dar por habilitada la vía de amparo, sin fundamentos jurídicos”, aseguró Martín en la denuncia.

En la denuncia, asegura que la Jueza no contempló los elementos probatorios suficientes lo que “violenta el derecho de defensa de las demandadas” y que podría haber extendido la etapa de investigación debido a que “no hay apuro, ya que la comunidad reside en el territorio y no se demostró en ningún momento la inminencia de su desalojo siquiera”.

Para Martín, Domínguez no abordó la temática con la “seriedad que reviste su cargo”. “En pocos días resolvió una problemática que, a decir del INAI, data de hace más de 50 años”, criticó el legislador, y agregó que “lo hizo con una sentencia de apenas 14 páginas, aunque las dos últimas se refieren a los honorarios de los abogados que intervienen en la causa” dijo.

Según su criterio, la sentencia terminó siendo “arbitraria, infundada, de crítico valor a nivel institucional, social, político, económico, que expolia al Estado Nacional y a privados de su patrimonio, que atenta contra la soberanía estatal, y de manera contraria a derecho al no fundar debidamente su sentencia”.

El Ejército Argentino recurrió a la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir el fallo de Domínguez, luego de la apelación tardía que presentó el Ministerio de Defensa que fue rechazada por “extemporánea” por la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en General Roca.

SEGUIR LEYENDO: