El Colegio de Abogados de CABA llamó a elegir con urgencia a los nuevos representantes para el Consejo de la Magistratura

El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires llamó a “aunar esfuerzos” para designar de manera urgente a los representantes de su estamento en el Consejo de la Magistratura de la Nación, tras el fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la ley de 2006 que redujo de 20 a 13 miembros la integración.

A través de un comunicado, la asociación que nuclea a los letrados porteños recordó que los profesionales que se van a incorporar al Consejo deben hacerlo en un plazo de 120 días. Por lo que destacó la importancia de actuar “con celeridad y eficiencia”.

“Todos los recursos deben ser empleados desde ahora con la urgencia que el caso amerita. No puede haber distracciones ni demoras ordinarias. Estamos ante una situación extraordinaria”, señala el texto difundido hoy.

Y agrega: “El Colegio de Abogados de la Ciudad considera que más allá de problemas de organización, existe capacidad y personal idóneo para implementar las soluciones que, dentro del plazo impuesto, permitan elegir quiénes serán nuestros representantes”.

El Consejo de la Magistratura de la Nación es el ámbito donde, entre otras cosas, se reglamentan y organizan los concursos y las ternas para seleccionar a los jueces federales y nacionales. También se resuelven las sanciones disciplinarias de los magistrados y los pedidos de juicio político. “Su función es clave no sólo para obtener una magistratura ejemplar, honesta y con los mejores de nuestros pares, sino también para controlar que se desempeñe de manera acorde con esas expectativas”, destaca el documento.

En esa línea, desde el Colegio celebraron el fallo de la Corte que restituyó el equilibrio entre los estamentos que había sido alterado por la ley 26.080, que redujo la cantidad de integrantes y dio prevalencia al sector político (legisladores y representante del Poder Ejecutivo) por sobre los restantes (jueces, abogados y académicos).

“El funcionamiento del Consejo así constituido estuvo sujeto a manipulaciones inadmisibles. Fruto de ello, en algunas designaciones prevaleció la filiación política, la afinidad ideológica o el culto al líder por sobre el mérito y la preparación de los candidatos para la delicada función de juzgar. Profesionales cuya evaluación en los concursos los ubicaba en posiciones postergadas (y, en ocasiones, muy postergadas) fueron colocados dentro de las ternas propuestas al Poder Ejecutivo quien luego los designaría como juez o jueza, con acuerdo del Senado. El resultado al que ese proceder condujo es bien conocido. Muchas designaciones jamás deberían haber recaído en las personas elegidas de ese modo”, denunciaron.

Los actuales 13 miembros son: tres diputados, tres senadores, tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo. Los 20 se completan con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, un representante de los académicos, un diputado, un senador, un juez y dos abogados más. El presidente de la Corte no debe ser elegido. Y los nuevos representantes del Congreso y el académico dependen de cada cuerpo. Lo complejo son los nuevos abogados y el juez.

En esos casos se debe elegir en comicios que realiza cada estamento. Pero para eso hay que cumplir pasos: tener el padrón y dar tiempo para que se inscriban quiénes quieran participar, cumplir plazos de convocatorias, inscripciones de las listas, impugnaciones. También establecer los reglamentos de esas elecciones

“Los abogados debemos demostrar que estamos a la altura de las circunstancias y que efectivamente queremos que nuestro estamento tenga la representación que la Corte Suprema ha ordenado, después de 15 largos años de litigio y postergación”, instaron desde el Colegio de Abogados.

Por último, el comunicado cierra con una advertencia: “Que ese fin no sea tronchado por quienes solapadamente defienden el mantenimiento del status quo que tanto daño ha infligido e inflige al Poder Judicial y al ejercicio de la profesión”.

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