
El juez federal Daniel Rafecas ratificó este lunes que, si el kirchnerismo avanza con la reforma del Ministerio Público Fiscal y rebaja la mayoría calificada para el nombramiento del Procurador General de la Nación, él se bajará de la postulación que oportunamente hizo el presidente Alberto Fernández ante el Senado de la Nación.
“Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, advirtió en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
“El 17/12/2019 fui propuesto por el presidente @alferdezok para cubrir el cargo vacante de Procurador General de la Nación. A comienzos de marzo de 2020, con 650 apoyos, mi pliego llegó a la Comisión de Acuerdos del Senado”, comenzó contextualizando Rafecas en su posteo.
“En este año y dos meses transcurridos, ha avanzado un proyecto de ley, tendiente a reformar el Ministerio Público Fiscal. Como no fui llamado a dar mi parecer sobre su contenido, ni por quienes lo impulsaron en el Senado, ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el Ministro de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura: más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el PGN tenga el consenso político suficiente para ejercer un cargo de tanta relevancia institucional, para lidiar con la CSJN y para encarar reformas estructurales a nivel federal”, continuó el juez federal.
“Ese consenso recién se pone en juego en la audiencia pública, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte), y que no se cumplió en mi caso. De haberse concretado esa audiencia en el Senado, estoy seguro que ese consenso hubiese sido alcanzado. Por último, reafirmo lo que ya sostuve públicamente: si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, concluyó.

Rafecas ya había manifestado que rechazaría ser Procurador si no lo elegían los dos tercios del Senado, ya que, según sostuvieron en su entorno, consideraba que su gestión comenzaría deslegitimada si no contaba con el apoyo de la oposición.
A fines de 2020, consultado por esas afirmaciones del magistrado, Alberto Fernández se había mostrado confiado en poder convencerlo: “Lo conozco a Daniel hace muchos años y es un principista. Pero esto no es un problema de principios, es un problema práctico. La oposición se plantó e impide nombrar un cargo tan importante como el de Procurador General de la Nación”.
“No atendió en un primer momento claramente de qué se estaba hablando, porque pensó rápidamente en la comisión que existe para nombrar jueces de la Corte Suprema, que está contemplada en la Constitución Nacional. Y no advirtió que esto no es una norma constitucional”, había agregado el Presidente, que evidentemente no logró convencer al juez federal.

El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, podría ser aprobada los próximos días. Entre otras cuestiones, plantea cambiar los procesos para elegir y remover al Procurador General de la Nación.
De esta forma, el proyecto de ley modifica el art. 11 de la ley 27.418, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de “mayoría absoluta de sus miembros”. Esto significa que la mayoría simple le alcanzará y no será necesario el consenso calificado entre las fuerzas políticas.
Asimismo, modifica el art. 76 que regula el procedimiento para remover al jefe de los fiscales. Actualmente esto se realiza mediante juicio político por los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional donde la Cámara de Diputados, por mayoría especial de dos tercios de sus miembros, acusa al Procurador ante el Senado de la Nación, quien también por mayoría de dos tercios, lo juzga en juicio político. De aprobarse el proyecto sin modificaciones, se relajarían esas mayorías y haría que en el caso de la Cámara baja alcance la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político. A su vez, establece que el juicio político se puede iniciar por decisión fundada del Poder Ejecutivo Nacional, quien se lo comunica a la Cámara de Diputados. Esto significaría que el Ejecutivo le saca a los diputados la potestad exclusiva y se arroga una facultad que no es propia.
Otra novedad del proyecto oficial es que una vez que la Cámara de Diputados comience el juicio político y se haya acusado formalmente, los diputados con la mitad más uno de la Cámara podrían pedir la suspensión del Procurador en su cargo por hasta 180 días y, en ese período, nombrar un fiscal de manera provisoria en el cargo. Esa designación le corresponde al Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, elegir al Procurador Interino que tendrá que ser un fiscal con más de 10 años en el cargo.
Además, el artículo 15, que incorpora un nuevo artículo 62 bis, señala que el cargo que hoy es vitalicio ahora sería por un plazo de 5 años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.
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