
Desde este sábado, los supermercados de todo el país deberán exponer sus productos a la venta según lo establecido por la nueva Ley de Góndolas, que el Congreso sancionó el año pasado y busca que en los comercios haya una oferta más variada de marcas y precios.
La normativa alcanza a todos aquellos establecimientos que tengan una superficie superior a 800 metros cuadrados, los cuales tuvieron tiempo hasta este fin de semana para adaptarse a las actuales exigencias que los obligó a reordenar la mercadería.
Entre otros puntos, a partir de ahora los artículos de menor precio “deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y el último estante”. Esto beneficiará a diferentes marcas de leche, manteca, queso, yogurt, tapas de tarta y de empanadas, puré de tomate, pan rallado, harina, yerba, azúcar, dulce de leche, jabón de tocador, champú, pañales, jabón en polvo y líquido, lavandina y papel higiénico, entre otros.
Sobre este punto, el Gobierno aclaró que entrarán en esta clasificación todos “aquellos que, conforme la unidad de medida, posean el precio de lista más bajo ofertado al consumidor final con carácter no transitorio”. Es decir, no aplica para los que tengan algún descuento especial.
Por otra parte, ninguna empresa podrá contar con un espacio en góndola superior al 30 por ciento, aunque los alimentos, bebidas y demás bienes incluidos en el programa Precios Cuidados no serán tenidos en cuenta para el cálculo del lugar asignado a cada marca, por lo que es posible que una compañía tenga más que ese porcentaje máximo.
Tampoco se consideran para la cuenta los exhibidores especiales, por lo que se especula con que -si el espacio de la cadena lo permite- este tipo de presentaciones crecerán.
Asimismo, los supermercados tendrán que contar con un mínimo de cinco proveedores para cada categoría de producto (la marca propia de cada cadena contará como proveedor) y el 25% del espacio en los anaqueles estará reservado para las micro y pequeñas empresas, mientras que otro 5% será reservado para firmas de la denominada “economía popular”.

Para controlar el cumplimiento de esta noma, las autoridades nacionales enviarán inspectores a los locales, quienes tendrán en su poder los planos que cada cadena comercial envió al Gobierno con la nueva distribución que se implementará para evitar sanciones.
La Ley de Góndolas fue sancionada por el Congreso el año pasado con la idea de “contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores”.
La iniciativa busca mantener “la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos”, con la finalidad de “evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado”. Por último, la norma también pretende “ampliar la oferta de productos de PYMES y de fomentar “la oferta de productos del sector de la agricultura familiar”.
Los supermercados comenzaron hace tiempo con la adaptación de sus espacios para cumplir con estas nuevas reglas, por lo que iniciaron un proceso de reclutamiento de pequeñas y medianas empresas para ampliar el surtido de marcas que se ofrecen en sus sucursales. En el camino detectaron problemas de estándares de calidad, de legalidad -hay mucha informalidad en el sector pyme- y de financiación.
En este sentido, algunas cadenas le contaron a Infobae que “muchas pequeñas proveedoras se han desencantado con los supermercados y otras prefieren ni entrar en este negocio, que exige niveles de inversión y de abastecimiento muy altos sin demasiadas garantías hacia adelante”.
Entre otros problemas, se encontraron con que en algunas categorías de productos no solo no hay pequeñas o medianas empresas esperando ingresar al mercado, sino que tampoco hay demasiada pluralidad de las grandes firmas y a veces existen apenas una o dos fabricantes, como es el caso de insecticidas y repelentes, por ejemplo.
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