El gobierno de la provincia de Santa Cruz envió a la Cámara de Diputados local un proyecto de ley para la creación de un Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos. La iniciativa -que se encuentra en debate en comisión- también incluye un Observatorio de Medios cuyo objetivo será “monitorear el cumplimiento de la normativa vigente”.
Desde la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), una ONG sin fines de lucro dedicada a la protección y difusión del derecho a la libertad de expresión, manifestaron su preocupación ante los planes del gobierno de Alicia Kirchner.
A través de un comunicado, señalaron que este tipo de organismos estatales “no sólo resultan inútiles para cumplir con los cometidos que se proponen, sino que además su sola existencia condiciona el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa y el derecho de acceso a la información”.
En esa línea, explicaron que el proyecto de ley se fundamenta en una visión del rol de los medios de comunicación “reñida con los estándares del sistema Interamericano de Derechos Humanos y con las mejores prácticas de los organismos reguladores a nivel mundial”.
“La permanente referencia a ‘temas sensibles’ pone al Estado en un rol de decisor sobre la relevancia de contenidos que violenta de manera directa las libertades involucradas, y este concepto unido a otros como ‘comunidad afectada’ habilita a los nuevos organismos a opinar y actuar sobre los medios más allá de cualquier normativa legal vigente y contrariando el espíritu de nuestra Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales que la integran”, afirma el comunicado de LED.
Según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental” y la misma es “un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
En el caso particular del observatorio provincial se podría estar ante una “interferencia con la facultades de la Nación”, ya que la legislación aplicable a los medios de comunicación es de orden federal, con lo cual no corresponde a un organismo provincial el monitoreo de la normativa vigente.
La creación del Observatorio de Medios tiene un antecedente reciente a nivel nacional. En octubre, la Defensoría del Público lanzó NODIO, un “observatorio de la desinformación y la violencia simbólica, que trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”.
El nuevo organismo fue duramente criticado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), entre otros, que denunciaron que este tipo de prácticas de vigilancia desde el Estado “conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento”.
Desde LED denunciaron la creación de NODIO ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y ya adelantaron que ampliarán su presentación con esta iniciativa que todavía se encuentra en etapa de debate parlamentario.
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