El ataque terrorista a la AMIA fue apoyado por Siria e Irán y ejecutado por una célula de Hezbolá que pagó los servicios de una conexión local integrada por fuerzas de seguridad, ladrones de autos, falsificadores y fundamentalistas con ciudadanía argentina. Se trató de una operación bélica que aprovechó las fronteras porosas del país y la mediocridad de la comunidad de inteligencia que se dedicaba a pinchar teléfonos y visitar juzgados influyentes en Comodoro Py.
El atentado a la sede la comunidad judía ocurrió hace 26 años, y por distintas razones aún continua sin resolución y al borde de la impunidad. Cuanto más tiempo pase, habrá menos posibilidad de encontrar y juzgar a los culpables de un acto criminal que causó 85 muertos y más de 300 heridos.
Siria e Irán son un factor de poder geopolítico en Medio Oriente y su complicidad con el ataque terrorista preocupa a Estados Unidos e Israel, que siempre aportan reportes de inteligencia y expresaron su satisfacción cuando Argentina registró que Hezbolá es una organización terrorista. Fue una iniciativa de Mauricio Macri que Alberto Fernández confirmó antes de viajar a Tel Aviv para encontrarse con Benjamin Netanyahu.
Pero la preocupación de Estados Unidos e Israel respecto al atentado a la AMIA está condicionada por su propia agenda vinculada a Damasco y Teherán. La CIA y el Mossad tienen información clasificada sobre el ataque terrorista que jamás llegó a Buenos Aires. Y no llegó porque Washington y Tel Aviv desconfían de los servicios de inteligencia locales y porque Argentina en el escenario internacional vale muy poco.
Si Barack Obama negoció con Irán un acuerdo para desmantelar su carrera hacia una bomba nuclear, y Siria se prestó a combatir contra ISIS, que sueña con disolver al Estado de Israel, no hay razones que justifiquen que la Casa Blanca y Netanyahu entreguen información secreta que ponga en una falsa escuadra a los regímenes fundamentalistas que operan desde Damasco y Teherán.
Trump ahora está enfrentado con Irán y Siria, y Netanyahu le prometió cierta información clasificada a Alberto Fernández que podría servir para profundizar la investigación del ataque a la AMIA. Sin embargo, ni Trump, ni el Premier israelí, enviaron aún a la quinta de Olivos determinados archivos secretos con capacidad de aplacar la impunidad de que gozan los terroristas de Hezbolá.
A la razón geopolítica, se le debe sumar la ignorancia y la manipulación política de la causa AMIA. Horas después del ataque terrorista, dos periodistas se encontraron con un importante funcionario de la administración de Carlos Menem. El referente peronista, que atendía en la planta baja de la Casa Rosada, explicó a los dos cronistas que “la principal hipótesis de trabajo del Gobierno es la interna política de los judíos”.
Cuando esa hipótesis fue descartada por absurda, la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) tomó por asalto el juzgado de Juan José Galeano y direccionó la investigación a un callejón sin salida. Se perdió la conexión local, se anuló la existencia de la llamada pista Siria, y al final todo quedó anulado.
A 26 años del ataque fundamentalista, sin datos concretos sobre conexión local, es improbable que paguen los argentinos que apoyaron como mercenarios a los terroristas de Hezbolá que llegaron desde Medio Oriente o integraban células dormidas que aguardaban su turno en la Triple Frontera.
A la manipulación política como razón, se le debe añadir la falta de formación en los distintos gobiernos para enfrentar al terrorismo como un hecho geopolítico con distintas aristas vinculadas a la religión, la etnia y la historia de Medio Oriente.
Un secretario de Estado nombrado por Mauricio Macri para investigar la causa AMIA, que renunció más tarde por lógicas desavenencias éticas con Balcarce 50, llegó al cargo sin saber las diferencias entre sunitas y chiítas. El secretario de Estado -con origen radical- no entendía una palabra de terrorismo internacional y en su primer viaje a Washington apenas pudo explicar cómo estaba la investigación del ataque fundamentalista que había causado 85 muertos y más de 300 heridos.
Geopolítica, internas del poder local e ignorancia. Tres razones que permiten explicar porqué aún no fueron extraditados los funcionarios y exfuncionarios iraníes que supuestamente participaron de la voladura de la AMIA y porque un posible miembro de la conexión local ahora es abogado y se pasea por los medios de comunicación defendiendo a su clientes que cometieron un crimen pasional.
A 26 años del ataque a la AMIA: 85 asesinados. Ni un culpable en prisión.
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