En el marco de las acciones que se están tomando por el coronavirus, el Gobierno creó este martes el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, el cual estableció una serie de pautas para detectar actividades ilegales en internet relacionadas con el COVID-19. La medida se hizo efectiva a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 144/2020.
A través de este documento, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, implementó algunas normas para evitar, entre otras cosas, la reventa de insumos de salud que son necesarios en plena pandemia o el comercio ilegal de ciertos productos.
Este reglamento estará vigente mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria y cada una de las cuatro fuerzas federales tendrá un plazo de 20 días para designar al funcionario encargado de “ajustar" a las regulaciones vigentes de cada cuerpo, todos "los principios, criterios y directrices generales” establecidos a partir de ahora.
Según este protocolo, un sector de la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, de Gendarmería y de Prefectura Naval estará avocado a detectar en la web “la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos", así como también la venta de presuntos fármacos anunciados "bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”.
Otra de las tareas será la de prevenir “los ataques informáticos a infraestructura crítica (especialmente a hospitales y a centros de salud)”, pero también combatir “la trata de personas; el tráfico de estupefacientes; el lavado de dinero y el terrorismo”.
Además, con esta medida se busca evitar “conductas que puedan comportar situaciones de acoso y/o violencia por motivos de género, amenaza y/o extorsión de dar publicidad a imágenes no destinadas a la publicación” y aquellos “delitos relacionados con el grooming y la producción, financiación, ofrecimiento, comercio, publicación, facilitación, divulgación o distribución de imágenes de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes”.
El protocolo establece que todo este trabajo será realizado en base a las “fuentes digitales abiertas”, las cuales el Gobierno definió como “los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas”.
En este sentido, la normativa también plantea una serie de prohibiciones y limitaciones para las fuerzas federales: no podrán “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política” o “emplear métodos ilegales o violatorios de la dignidad” humana para realizar las averiguaciones correspondientes, entre otras cosas.
Por otra parte, la Resolución publicada este martes aclaró que en el ámbito de la cartera que conduce Frederic, funcionará una Mesa Consultiva que se reunirá al menos una vez cada dos meses y deberá controlar la correcta aplicación de estas nuevas reglas, " elaborar los lineamientos de un mecanismo de auditoría, transparencia y publicidad" del accionar policial y “proponer modificaciones o disposiciones complementarias” a este reglamento.
En los considerandos, el Gobierno señaló que, tras un análisis de la legislación vigente al respecto y varias consultas con organizaciones internacionales, resultaba "necesaria la aprobación” de un reglamento que estableciera los “principios, criterios y directrices generales para las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad”.
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