La Asociación Usina de Justicia presentó ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional una acción de amparo contra las excarcelaciones masivas de presos sin ningún fundamento ni control. En la presentación, Usina de Justicia cuestiona la Acordada Nro. 5 de la Cámara Nacional de Casación Penal que insta a los jueces inferiores a tomar medidas para descomprimir la población de las cárceles con recomendaciones al respecto, lesionando –según la presentación– la independencia de los magistrados, que son los únicos que pueden decidir de acuerdo con la ley, las circunstancias del caso y el debido proceso penal.
Asimismo, destaca la entidad que el asunto debe tratarse con premura ante “la inminente conculcación de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos y por la violación al principio constitucional de independencia de los jueces”. Esto “motiva la necesidad de un pronunciamiento inmediato y urgente suspendiendo, cautelarmente, la vigencia de la Acordada nro. 5/2020”, dice el escrito.
El amparo es contra todos los integrantes de la Cámara de Casación Nacional, porque la acordada cuestionada dio directivas a los jueces para que dispongan prisiones domiciliarias indicándoles a los magistrados cómo deben actuar en sus causas, violando de esta manera el principio de independencia. La acción de amparo se basa además en que no se respetó lo previsto en la Ley de Víctimas, porque no se les dio intervención previa para que ejerzan sus derechos.
Según sostuvo Usina de Justicia en la presentación, “la liberación de presos en aras de un bien sanitario es una falacia, un razonamiento falso, porque no se impide la propagación del virus liberando masivamente a los presos, ya que si estaban detenidos por orden judicial era porque habían roto la ley cometiendo delitos, y nada indica que ahora vayan a cumplirla manteniendo una cuarentena, lo que implica un nuevo riesgo sanitario para ellos, y para el resto de la población”. Y agregó: “Lo peor es que, bajo el lema de erradicar la superpoblación carcelaria lo que en realidad de promueve es el beneficio de la impunidad y la existencia posible (muy posible) de nuevas víctimas”. En el escrito se cita el fallo del juez Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, que declaró inconstitucional una acordada similar de la Cámara Federal de Casación Penal denegando la salida en un caso de un condenado por venta de estupefacientes.
Al referirse al tema, la presidente de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, afirmó: “La sociedad ve con angustia la liberación masiva de presos pertenecientes a penales federales y provinciales. Delincuentes peligrosos, autores de delitos varios, contra la vida, la integridad sexual, la propiedad, en causas de corrupción”. Asimismo, denunció que “la iniciativa es política: comenzó desde la mismísima Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a partir de una ideología que no cree en la pena ni en el derecho penal, enquistada en muchos, que ve en el criminal un producto social, no un autor responsable de su conducta delictiva por la cual debe pagar. La excusa esta vez es el Covid-19”.
Por su parte, la asociación Será Justicia alertó de que la salida de reclusos en forma indiscriminada pone en riesgo a la sociedad. A través de un comunicado firmado por el presidente de la entidad, Raúl Aguirre Saravia, y la vicepresidente, María Eugenia Talerico, sostuvo: “En nuestros días presenciamos excarcelaciones masivas de detenidos que son enviados a sus domicilios, muchas de ellas en el marco de procesos express e irregulares. Esto resulta inédito y en ninguno de los países, incluso aquellos que registran millones de contagiados y decenas de miles de muertos, se han abierto las puertas las cárceles otorgando indiscriminadamente la libertad a miles de presos".
Será Justicia advierte que estas medidas ponen en peligro a la sociedad toda al considerar que no se ha hecho un adecuado análisis previo de los riesgos que pueden generar las liberaciones masivas en términos de inseguridad, “exponiéndonos a todos a la peligrosa convivencia con quienes han delinquido y han sido legítimamente privados de su libertad”.
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