Los presidentes de las cámaras federales penales de todo el país, prestigiosos juristas y especialistas en derecho se reunieron ayer en Comodoro Rivadavia para debatir sobre un tema crucial para asegurar la celeridad y la efectividad de los procesos: la implementación del sistema acusatorio. El encuentro, que este viernes tendrá su segunda jornada, contó con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y coincidió con el día en que el Senado convirtió en ley el nuevo régimen jubilatorio para los jueces.
“Fue un encuentro realmente trascendente porque reunió por primera vez a todos los presidentes de las cámaras de todo el país para debatir la implementación del sistema acusatorio, un tema muy importante para todos los jueces del fuero penal. Además, contamos con el honor de tener la presencia de la ministra Losardo”, aseguró el organizador del encuentro, Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones local y presidente de la Junta que agrupa a todas las cámaras del país.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti no pudo viajar al sur por problemas personales, pero envió una carta en la que valoró el seminario y destacó que a través del trabajo coordinado de los tres poderes se podrán lograr políticas de Estado perdurables en el tiempo, porque “no son las reacciones coyunturales ni las opiniones aisladas las que darán solución a los legítimos reclamos de los justiciables”.
“La litigiosidad ha aumentado enormemente en los últimos años, lo que significa que los ciudadanos recurren al auxilio de los jueces y juezas de todo el país para lograr protección de sus derechos. Esa demanda social ha sido atendida con el esfuerzo cotidiano de empleados, funcionarios, jueces y juezas y con las carencias de infraestructura, recursos y limitaciones que son ampliamente conocidas. Esta distancia entre el litigio creciente y la infraestructura decreciente es la razón fundamental de la crisis que actualmente se percibe”, planteó. Y completó: “No hay un país viable ni verdaderos ciudadanos con derechos efectivos sin un poder judicial independiente”.
Mariano Borinsky –juez de Casación y presidente de la Comisión Reformadora del Código Penal– y Mariana Catalano –presidenta de la cámara federal de Salta, la primera provincia argentina en aplicar el sistema acusatorio– fueron los expositores del encuentro que fue declarado de interés por la Legislatura de Chubut.
En el sistema acusatorio, el Ministerio Público Fiscal adquiere un rol protagónico en las investigaciones penales. No sólo promueve la acción contra los presuntos autores y partícipes de un delito penal, sino que además tiene a su disposición herramientas para lograr que los procesos sean más rápidos y transparentes. Bajo este régimen, el juez toma cierta distancia y se transforma en un garante de la legalidad del procedimiento, es decir, su función principal es velar por el respeto de las garantías procesales, las normas vigentes y la Constitución Nacional.
En la Argentina se decidió realizar una implementació n progresiva del sistema acusatorio por etapas en distintas regiones del país. A mediados de junio, Salta se transformó en la primera provincia en instituirlo. Se prevé que Mendoza y Rosario serán las próximas jurisdicciones que adoptarán un camino similar, aunque todavía no hay una fecha concreta.
Durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1° de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció el “reordenamiento de la Justicia federal” y junto con ello dijo: “De la mano de la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal, vamos a impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la Justicia federal penal (...) Queremos desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el poder judicial, sean del color partidario que sean. No nos merecemos como Argentina continuar con este deterioro”.
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