El poder gremial pesquero: organización, responsabilidad y aporte al país

En el debate sobre el poder gremial pesquero en el Perú, algunos sostienen que los gremios empresariales ejercen presión política mientras los pescadores artesanales permanecen dispersos. Esa lectura, como la publicada en Revista Pesca («El poder gremial pesquero en el Perú», 18 de octubre de 2026), plantea interrogantes legítimas sobre la influencia de los gremios, pero reconoce que no existe evidencia comparable suficiente para determinar cuál tiene mayor influencia efectiva. Esa admisión obliga a distinguir entre una hipótesis y un hecho demostrado.

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y el Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) han desarrollado estructuras institucionales que les permiten elaborar propuestas técnicas, participar en procesos normativos y sostener una agenda continua. Esa capacidad no constituye, por sí misma, un privilegio ni una señal de captura del Estado. También puede ser el resultado de organizarse, invertir recursos y mantener una representación sectorial. Si se cuestiona la influencia de un gremio, corresponde identificar qué decisiones habría condicionado, mediante qué mecanismos y con qué evidencia. La sospecha no sustituye a la prueba.

Por supuesto, defender intereses empresariales no equivale automáticamente a defender el interés nacional. Pero tampoco permite concluir lo contrario. La legitimidad de las propuestas debe evaluarse según su sustento técnico, sus efectos económicos, la sostenibilidad de los recursos y su compatibilidad con el interés público. El Estado tiene la responsabilidad de examinar esos elementos con independencia, transparencia y criterios verificables, sin confundir la capacidad de interlocución con una influencia indebida.

En el ámbito artesanal, el desafío es diferente. La diversidad de organizaciones sociales de pescadores artesanales (OSPAs) refleja la amplitud territorial y social de esta actividad, pero el número de organizaciones no garantiza, por sí solo, una representación efectiva ni una mayor capacidad de negociación. La fragmentación puede dificultar la construcción de agendas comunes, la continuidad institucional y el seguimiento de las propuestas. Fortalecer la organización, la rendición de cuentas y la coordinación entre las bases es una tarea que corresponde asumir a sus propios representantes, con el acompañamiento que pueda brindar el Estado.

La defensa de la pesca formal no admite una división artificial entre industria y pesca artesanal. Ambas forman parte de una actividad estratégica para el país, generan empleo y sostienen economías que dependen del aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. Sus escalas, necesidades y capacidades son diferentes, pero eso no convierte sus intereses en necesariamente incompatibles. El desafío es fortalecer a ambos sectores, promover su formalización y asegurar que puedan desarrollarse dentro de reglas claras, con seguridad jurídica, sostenibilidad y oportunidades reales de participación.

La experiencia de los gremios empresariales ofrece una referencia útil: construir instituciones requiere recursos, compromiso y continuidad. Una organización necesita financiar sus actividades, contar con canales de comunicación y sostener propuestas más allá de una coyuntura. La representación no se consolida únicamente reclamando atención; también exige capacidad para organizarse, formular alternativas y rendir cuentas a quienes se representa. Esta reflexión no desconoce las limitaciones económicas de muchos pescadores artesanales, sino que identifica una dimensión institucional que merece atención.

La industria pesquera formal también debe ser evaluada por su contribución económica. Un estudio de Apoyo Consultoría elaborado para la SNP estimó que esta actividad aportó más de S/ 25.000 millones a la economía peruana durante 2025, equivalentes al 2,1 % del PBI, al incluir efectos directos, indirectos e inducidos. Asimismo, calculó que por cada S/ 100 de producción directa se generaban S/ 80 adicionales en otros sectores. Estas estimaciones permiten dimensionar su efecto sobre proveedores, transporte y consumo de los trabajadores. No convierten automáticamente en legítima cualquier propuesta empresarial, pero tampoco corresponde ignorar esa contribución al evaluar el papel de la industria en el país.

La discusión no debería reducirse a contraponer poder económico y representación social. Ambos son elementos relevantes, pero ninguno demuestra, por sí solo, la calidad de una propuesta ni la legitimidad de quien la formula. Si se sostiene que determinados intereses privados condicionan las decisiones públicas, corresponde mostrar qué propuestas fueron incorporadas, qué decisiones se adoptaron y qué fundamentos las respaldaron. Del mismo modo, si se cuestiona la dispersión artesanal, corresponde examinar qué mecanismos permitirían convertir su representación territorial en una participación institucional más articulada.

El poder gremial no se mide únicamente por el acceso al Gobierno ni por la cantidad de organizaciones existentes. Se expresa en la capacidad de formular propuestas, sostenerlas con evidencia y contribuir a decisiones que puedan evaluarse por sus resultados. La industria formal cuenta con estructuras que facilitan ese trabajo; las organizaciones artesanales también pueden fortalecer las suyas mediante coordinación, transparencia y participación efectiva.

La pregunta de fondo no es si los gremios empresariales deben tener voz ni si las organizaciones artesanales merecen ser escuchadas. Ambas cuestiones tienen respuesta afirmativa. La cuestión es cómo garantizar que las decisiones pesqueras se sustenten en evidencia, respondan al interés público y sean transparentes. Para avanzar en esa dirección, hace falta exigir pruebas cuando se denuncia una influencia indebida y promover responsabilidad institucional cuando se reclama una representación más sólida. La organización no garantiza la razón, pero la falta de organización puede dificultar que una posición legítima sea escuchada.