¿Cambiar todo para que nada cambie?

Llevar adelante los cambios regulatorios que necesita el sector eléctrico peruano para que nuestro sistema productivo y millones de usuarios puedan contar con energía suficiente, eficiente, segura, confiable y cada vez más limpia parece haberse convertido en una misión imposible.

Y resulta paradójico que uno de los principales obstáculos sea precisamente el Ministerio de Energía y Minas, la entidad que ejerce la rectoría del sector y que, por tanto, tiene en sus manos buena parte de las decisiones necesarias para conducir esta transformación, porque hasta ahora pareciera que hemos ensayado una serie de cambios para terminar exactamente en el mismo lugar.

La Ley 32249, publicada en enero de 2025, modificó la Ley 28832 con el propósito modernizar las reglas de contratación de electricidad, promover mayor competencia, diversificar nuestra matriz de generación y garantizar un abastecimiento seguro, confiable y eficiente.

Entre sus cambios más importantes está la posibilidad de contratar energía y potencia de manera separada y por bloques horarios para eliminar una de las barreras que durante años dificultó que tecnologías como la solar y la eólica pudieran competir en mejores condiciones por contratos para atender al mercado regulado.

Estamos hablando de las reglas que determinarán qué centrales eléctricas se construirán en el Perú durante los próximos años, cuánto costará esa electricidad y qué tan seguro será el abastecimiento que recibirán millones de hogares y empresas.

La propia Ley 32249 estableció que las licitaciones de largo plazo deben iniciarse con una anticipación mínima de tres años y pueden generar contratos de hasta quince años, entonces, estamos hablando de decisiones que pueden condicionar el mercado eléctrico peruano durante más de una década.

En el proceso de reglamentación de las contrataciones para el mercado regulado, el MINEM ha planteado permitir que en las licitaciones de largo plazo puedan competir también ofertas respaldadas por centrales que ya se encuentran en operación comercial.

Una central que ya existe y una central que todavía debe construirse no enfrentan las mismas condiciones económicas, porque la primera ya realizó buena parte de su inversión y puede competir considerando principalmente sus costos de operación y sus compromisos existentes. La segunda necesita conseguir financiamiento, comprar equipos, obtener permisos, construir infraestructura y asumir los riesgos propios de desarrollar un nuevo proyecto.

Un contrato de largo plazo no es solamente un mecanismo para comprar electricidad, es una señal que permite que un banco, un fondo de inversión o cualquier otro financiador considere viable prestar los recursos necesarios para construir nueva capacidad de generación.

Si ambas compiten exactamente bajo las mismas condiciones, el riesgo es que las centrales existentes tendrán una ventaja estructural y que las licitaciones terminen cubriendo demanda sin producir el efecto que el país también necesita que es movilizar inversión para incorporar nueva generación eficiente al sistema.

Es indispensable diseñar correctamente los productos y los mecanismos de contratación para objetivos diferentes, por una parte atender necesidades de corto y mediano plazo con capacidad disponible y, cuando corresponda, utilizar contratos de largo plazo para generar señales suficientemente estables que permitan financiar nueva capacidad.

Por eso resulta sorprendente la justificación utilizada por el propio Ministerio para explicar su posición, porque sostiene, en esencia, que si en el futuro se comprobara que las licitaciones de largo plazo no permiten desarrollar nuevos proyectos capaces de garantizar un abastecimiento eficiente, podría retomarse el debate y evaluarse nuevamente su decisión de permitir la participación de generadores existentes.

El razonamiento resulta difícil de entender, y en mi opinión es inaceptable porque estamos hablando de contratos que pueden durar hasta quince años y el sistema eléctrico no puede regularse mediante ensayo y error y esperar varios años para comprobar si una señal de inversión funcionó, porque cuando descubramos que faltó nueva generación, probablemente ya sea demasiado tarde para construirla a tiempo y no estamos ante un mercado sin proyectos interesados en invertir.

El Perú cuenta con una amplia cartera de proyectos solares y eólicos en distintas etapas de desarrollo, no todos llegarán a construirse, naturalmente, pero precisamente por eso las licitaciones competitivas son importantes porque permiten que los proyectos compitan y que sean aquellos capaces de ofrecer mejores condiciones económicas los que obtengan contratos y puedan avanzar hacia su financiamiento y construcción, porque más competencia bien diseñada se traduce en mejores ofertas, y mejores ofertas benefician finalmente a quienes pagan la electricidad que son los usuarios.

Esta discusión no es únicamente un tema de empresas generadoras, distribuidores, tecnologías o intereses particulares, es también y principalmente sobre cuánto pagarán millones de familias por la electricidad durante los próximos años, si las empresas peruanas podrán contar con energía competitiva para producir, si tendremos suficiente generación para acompañar el crecimiento del país y sobre si aprovecharemos los extraordinarios recursos solares y eólicos que tiene el Perú para diversificar nuestra matriz energética sin comprometer la seguridad del sistema.

El documento que contiene esta posición del MINEM fue elaborado antes del inicio de la actual gestión y por eso, el actual ministro Guillermo Shinno Humaní, tiene hoy la oportunidad de revisar las decisiones adoptadas durante ese proceso y verificar si la propuesta de reglamento que nos ofrece conserva efectivamente los objetivos que dieron origen a la Ley 32249 o por el contrario va en reversa.

El Ministerio de Energía y Minas tiene la responsabilidad de culminar esta reglamentación con transparencia, sustento técnico y una mirada de largo plazo y para hacerlo no necesita nuevas facultades legislativas del Congreso, porque la Ley 32249 ya existe y lo que corresponde ahora es reglamentarla correctamente, porque después de tantos años discutiendo sería lamentable cambiar todas las reglas para que, finalmente, nada cambie.