Urge institucionalizar la gestión de riesgos de desastres

El Perú ocupa un territorio que está expuesto a múltiples amenazas de la naturaleza: sismos, deslizamientos, heladas, Fenómeno El Niño, entre otros. Estas amenazas o peligros han sido recurrentes a lo largo de nuestra historia conocida y, a pesar de ello, nuestras políticas públicas no han podido incorporar en su ADN a la prevención de riesgos de desastres. El Fenómeno El Niño, por ejemplo, se presentó en nuestro territorio en el periodo 1982/1983 y, según estimaciones de CENEPRED, dejó más de 800 mil damnificados en el norte del país. En el periodo 1997/1998 nos volvió a visitar El Niño y esta vez los afectados fueron, según la misma fuente, 120 mil personas. En el 2016/2017 los damnificados fueron menos, alrededor de 91,000, debido a que la intensidad del fenómeno fue menor. En el 2023, finalmente, El Niño costero y el Yaku dejaron a 400 mil personas damnificadas.

En todos esos episodios las consecuencias económicas de la presencia de El Niño superaron los miles de millones de dólares y se reflejó en caídas o disminuciones del ritmo de crecimiento de la economía medidas a través del PBI. Lo que resulta impactante, luego de este recuento, es que las autoridades en todos su niveles -local, regional y nacional- ignoran, y hasta desprecian, las alarmas que hacen las entidades científicas nacionales e internacionales que monitorean y anticipan la presencia de este fenómeno en nuestro territorio. Así, por ejemplo, las alertas de su presencia empezaron a manifestarse hacia marzo de este año pero no fueron consideradas como prioritarias por las autoridades nacionales y subnacionales. Basta mencionar que hasta el mes de julio, antes del cambio de gobierno, por ejemplo, el nivel de ejecución del programa presupuestal de prevención de riesgos de desastre de los tres niveles de gobierno en Piura era de apenas el 25%; es decir, la cuarta parte de los recursos disponibles pasada la mitad del año.

Lo que más llama la atención es que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANIN), Agencia creada en el gobierno de Dina Boluarte con el objetivo de mejorar la ejecución presupuestal, entre otros, de la anterior Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ha ejecutado en lo que va del año en Piura más de 1,200 millones de soles, el 97% de los cuales fueron para reconstrucción de infraestructura y solamente el 3% para obras de prevención. Lo paradójico es que el mandato explícito de creación de la ARCC mencionaba que las obras de reconstrucción debían ejecutarse luego de la planificación territorial y de las obras de prevención para que las nuevas infraestructuras no reproduzcan las vulnerabilidades de la infraestructura que fue dañada por el evento del 2016/2017.

El nuevo gobierno ha encargado las tareas de prevención urgentes al ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, quién ha iniciado de inmediato las acciones de descolmatación en los ríos de las regiones más vulnerables. Lamentablemente no le alcanzará el tiempo para hacer otras intervenciones de prevención que debieron hacerse si hubiéramos tenido autoridades mínimamente competentes. Existe en la región costera del centro del Perú, frente a Lima, un silencio sísmico que alarma. Los científicos predicen que la acumulación de energía podría liberarse a través de un sismo que supere los 8 grados de magnitud. Sin embargo, seguimos viendo en la ciudad de Lima demasiadas vulnerabilidades que van desde edificios modernos construidos al pie de los acantilados de la costa verde para segmento de altos ingresos, hasta viviendas precarias construidas en la zona de Lomo de Corvina varias veces identificada como muy vulnerable a la ocurrencia de un sismo. Es hora, pues, de tomar la prevención de riesgos de desastres en serio en la gestión pública.