La pesca peruana es uno de los pilares de nuestra economía y un recurso vital para miles de familias. Sin embargo, los derechos de pesca, concebidos para contribuir al financiamiento de la investigación científica, la sanidad y la vigilancia, han dejado de cumplir ese propósito y permanecen bajo la administración del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Lo que surgió como una medida excepcional durante la emergencia sanitaria se ha prolongado en el tiempo, afectando la disponibilidad de recursos necesarios para la sostenibilidad del sector.
Durante la emergencia sanitaria, el MEF incorporó estos recursos de manera excepcional. Sin embargo, la prolongación de esta medida ha terminado afectando su destino y limitando la disponibilidad de fondos necesarios para la investigación y la fiscalización del sector.
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En septiembre de 2018 se publicó el Decreto Legislativo N.° 1441, que estableció reglas para la administración de los recursos públicos. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N.° 043-2022-EF, se dispuso la incorporación de determinados recursos directamente recaudados al Tesoro Público, alcanzando también a los derechos de pesca. Sin embargo, el sustento legal de esta medida fue modificado posteriormente y las disposiciones que permitían su aplicación fueron derogadas por la Ley N.° 32433, aprobada en septiembre de 2025 y vigente desde enero de 2026. El propio MEF reconoció en sus documentos de programación multianual que dichas disposiciones ya no resultan aplicables. En consecuencia, corresponde adecuar la administración y el destino de estos recursos al nuevo marco legal.
La situación actual resulta difícil de justificar. El Instituto del Mar del Perú (IMARPE), responsable de generar información científica para una adecuada gestión de nuestras pesquerías, requiere recursos presupuestales para cumplir con sus funciones, mientras los derechos de pesca continúan bajo la administración del MEF. La justificación vinculada a la emergencia sanitaria terminó hace más de cuatro años, pero la medida excepcional se ha prolongado, afectando la disponibilidad de recursos que deberían contribuir al financiamiento de la investigación y la fiscalización pesquera.
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Adoptar el estándar FiTI sería un paso importante para fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana y del sector.
El presupuesto para 2027 ofrece una oportunidad para corregir esta situación. Estos recursos deben dejar de ser cifras invisibles dentro de la caja fiscal y convertirse en acciones concretas que fortalezcan la sostenibilidad del sector y la seguridad de miles de familias que dependen de él.
El Congreso de la República, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio Instituto del Mar del Perú tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Ley y asegurar que los recursos generados por la pesca se destinen a la finalidad que les corresponde.
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