Veloces para atacar derechos y ajenos a las violencias

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asumió la presidencia con un mensaje de menos de una hora y, al día siguiente, completó los anuncios más dañinos vía un documento de pedido al Congreso de delegación de facultades legislativas en varios rubros, presentado en la primera sesión del Consejo de ministros. El paquetazo ambiental que busca el fujimorismo lo padecerán en especial las comunidades dedicadas a la agricultura familiar y las que protegen ecosistemas importantes como las zonas productoras de agua -cabeceras de cuenca-, las áreas naturales protegidas y los bosques amazónicos. Además, entre las prioridades planteadas para los próximos cinco años del régimen, no hubo mención a la violencia de género en el país, y menos a la violencia sexual contra menores de edad en la región Amazonas.

La pretensión de Fujimori de menos exigencias medioambientales para favorecer la actividad privada minería e hidrocarburos, es crítica porque la rebaja de los estándares empezó con el gobierno de Alan García y continuó con todos los presidentes desde entonces.

Varios de los conflictos sociales medioambientales que subsisten desde la década pasada tienen su origen en la degradación del ambiente por las infracciones que cometen las empresas mineras y de hidrocarburos, la contaminación de fuentes de agua y de territorios, el incumplimiento de la remediación ambiental, y los cambios en la legislación para obstaculizar la vigilancia ciudadana y debilitar los organismos estatales de supervisión de esas actividades, como la OEFA y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa). Desde enero de 2022, tras el derrame de petróleo de Repsol, fue más notorio que la capacidad estatal de fiscalizar y sancionar al sector privado era mínima. Ahora el fujimorismo quiere rebajar más los estándares y las exigencias a las empresas.

Modificar las normas sobre procedimientos administrativos y emitir normas en materia de simplificación, optimización, estandarización, digitalización, fusionar o eliminar procedimientos administrativos, requisitos y/o servicios prestados en exclusividad, incluyendo la emisión de normas, vinculadas al desarrollo de actividades económicas, comerciales, ambientales, productivas y de prestación de servicios.

En otra parte añade que dictará normas para “eliminar y racionalizar requisitos legales y regulatorios” en distintas actividades económicas y “para fortalecer y optimizar el marco normativo aplicable a las actividades mineras en todos sus estratos y modalidades, incluyendo la promoción de la inversión, simplificación de requisitos, competitividad, sostenibilidad ambiental”.

El párrafo más amenazante indica que modificarán la legislación “en materia ambiental y de recursos naturales y áreas naturales protegidas, con la finalidad de armonizar la protección del medio ambiente con el desarrollo de actividades productivas”. Ello implica, entre otros aspectos, cambiar las competencias de las entidades, acortar el tiempo para aprobar los instrumentos ambientales, simplificar exigencias para la elaboración o modificación de los instrumentos ambientales -como los estudios de impacto ambiental-.

El fujimorismo plantea que la restricción de las actividades extractivas en áreas naturales protegidas “se base en evidencia científica objetiva y clara, evaluada técnicamente” y según “principios de legalidad y proporcionalidad”. ¿A quién han nombrado Fujimori y el presidente del consejo de ministros, Luis Galarreta, como ministro de Ambiente? A Vladimiro Huaroc, quien en 2024 ha sido consultor de una empresa minera canadiense a cargo del proyecto El reducto, en Celendín, Cajamarca. Desde la década pasada, Huaroc promueve la expansión de la actividad minera en foros empresariales, su labor no ha sido la defensa medioambiental.

Ante las críticas luego de la difusión del documento de pedido de facultades, el Ejecutivo ahora dice que es solo un borrador y el domingo suspendieron la sesión del Consejo de Ministros sobre el tema.

La emergencia en Condorcanqui, una de las provincias de la región Amazonas, es continua en casos de violencia sexual contra menores de edad, especialmente contra niñas y adolescentes.

A inicios de año, el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, decidió eliminar la fiscalía provincial especializada, con el argumento de falta de presupuesto. Sin embargo, ante los reclamos ciudadanos y de organizaciones defensoras de derechos de la infancia, Gálvez dio marcha atrás y restituyó el despacho.

Sin embargo, para encarar, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, en su mayoría profesores y familiares de las víctimas, no bastan las instancias fiscales y del Poder Judicial.

Según ha documentado Rosemary Pioc, del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi, las instancias del Ejecutivo -como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior -vía la Policía Nacional- no desempeñan sus funciones en estos casos de forma adecuada.

El resultado de que la policía no tenga presupuesto para combustible es que no puede detener a los agresores sexuales en flagrancia. Si la chalupa del servicio itinerante del Centro de Emergencia Mujer en Huampami (Amazonas) no funciona, hay demoras para que las víctimas sean transportadas a diligencias en la cámara Gesell y a la revisión de médico legal. Tampoco hay personal suficiente del Mimp para acompañar a las niñas y niños en esos trámites fuera de su comunidad, ni dinero para los gastos en esos días de viaje por río, de ida y vuelta a sus comunidades. Dado que los agresores suelen ser los parientes, o no siempre hay un familiar que pueda abandonar la casa para el viaje, las víctimas menores de edad están solas y sin recursos en el recorrido por los establecimientos de salud, y las primeras diligencias policiales, fiscales y judiciales.

Entre mayo y junio de este año, la ONG Idlads presentó una demanda de amparo contra el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Mimp, el Ministerio de Justicia y la presidencia, en defensa de las menores víctimas de violencia sexual en Condorcanqui. Solicitó a un juzgado constitucional la reactivación y funcionamiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección de y sanción de este tipo de violencia en en esa provincia. Dicho sistema lo integran los ministerios demandados y el Ministerio del Interior. El amparo, entre otros aspectos, pidió la reposición del personal del Ministerio Público despedido a inicios de año en Condorcanqui, debido a la reducción presupuestal, y exigió al MEF “medidas presupuestarias extraordinarias” para la atención ininterrumpida de los 800 casos de violencia sexual en riesgo de impunidad hasta esa fecha.

La buena noticia es que el amparo ha sido admitido. La mala noticia es que la audiencia ha sido programada para el 15 de setiembre del próximo año.