Un país, dos memorias y un futuro compartido

Una frase atribuida a George Santayana resulta especialmente pertinente para el Perú de hoy: “Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Sin embargo, recordar el pasado no significa quedar atrapados en él. Significa comprenderlo, aprender de él y utilizar esas lecciones para construir un futuro mejor.

El Perú no debe olvidar para reconciliarse; necesita recordar con madurez. Recordar el terrorismo para no repetirlo, recordar la exclusión para no perpetuarla y fortalecer las instituciones para que el crecimiento llegue realmente a todos.

El Perú es un país marcado por memorias heridas. Para un sector importante de la sociedad, el terrorismo sigue siendo una advertencia histórica asociada al miedo, la violencia, el debilitamiento del Estado y el sufrimiento de miles de familias. Para otro, especialmente en zonas históricamente postergadas de la sierra y el sur, el pasado representa una larga historia de exclusión, abandono y promesas incumplidas.

Ambas memorias existen. Ambas duelen. El problema surge cuando el país las convierte en posiciones irreconciliables. Unos miran el pasado con temor al desorden y la violencia; otros, con frustración por la desigualdad y el olvido. Si no reconocemos ese doble dolor, seguiremos discutiendo desde la desconfianza y no desde la responsabilidad compartida.

Nelson Mandela lo expresó con claridad: “La reconciliación significa trabajar juntos para corregir el legado de la injusticia pasada”. La reconciliación no consiste en olvidar ni en negar lo ocurrido, sino en transformar la memoria en acción y construir un proyecto común.

La Constitución reconoce dos principios para el desarrollo del país: la economía social de mercado y la democracia. Ambos han permitido estabilidad, inversión y crecimiento. Sin embargo, esos avances no llegaron con la misma intensidad a todos los territorios.

La pregunta, entonces, no es si debemos reemplazar el modelo, sino por qué no hemos logrado aplicarlo mejor. La principal debilidad ha sido la incapacidad de nuestras instituciones para convertir el crecimiento en oportunidades para todos. Por ello, el próximo gobierno debe concentrarse en fortalecer el Estado: atraer mejores profesionales al servicio público, consolidar la meritocracia, desarrollar capacidades técnicas y recuperar una gestión orientada a resultados.

Pero un país más inclusivo no depende solo del Estado. El desarrollo sostenible exige la participación coordinada del sector público, la empresa privada y la sociedad civil. El sector privado debe seguir impulsando la inversión, la innovación y el empleo formal, al tiempo que fortalece la confianza y el desarrollo de las comunidades donde opera. Del mismo modo, las universidades, los gremios, los medios de comunicación y las organizaciones civiles deben promover el diálogo, la vigilancia ciudadana y la construcción de consensos.

No podremos reconstruir la confianza si tratamos como enemigo a quien votó diferente. En democracia, una elección no debería dividirnos entre buenos y malos, patriotas y traidores.

El único ganador verdadero debe ser el Perú. Un Perú más inclusivo, competitivo y democrático solo será posible con un Estado más capaz, un sector privado comprometido y una sociedad civil dispuesta a reconstruir la confianza y los consensos que el país necesita.