Los mercados reaccionaron antes de que terminara el conteo electoral. El dólar retrocedió, los bonos soberanos peruanos se apreciaron y el riesgo país comenzó a bajar cuando aumentó la probabilidad de una victoria de Keiko Fujimori. Lo que el mercado parece estar valorando es la continuidad del modelo económico, el respeto a los contratos, la independencia del Banco Central de Reserva y la ausencia de cambios radicales en las reglas de juego.
Esta señal también se observa en las empresas, pues en una encuesta realizada por Apoyo Consultoría después de la segunda vuelta, el 45% de los ejecutivos señaló que aceleraría sus inversiones durante los próximos seis meses ante una victoria de Fujimori.
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Cuando existe incertidumbre política, las empresas postergan proyectos, las familias compran dólares y los inversionistas esperan antes de colocar nuevamente su dinero. El inversionista retail probablemente no sigue diariamente el rendimiento de los bonos soberanos ni el precio de los CDS. Sin embargo, sí escucha las noticias, observa el tipo de cambio y conversa con su entorno. Cuando percibe que el país puede entrar en una etapa de inestabilidad, deja su dinero quieto hasta tener mayor claridad.
No obstante, continuidad no puede significar inmovilismo. La estabilidad económica debe utilizarse para resolver los problemas que llevan años frenando el desarrollo del país. Uno de los más urgentes es la brecha habitacional, que asciende a 2 millones de viviendas. El plan de gobierno de Fuerza Popular contiene varias medidas favorables para el sector inmobiliario y, particularmente, para la vivienda social. Entre sus metas se encuentran reducir en 30% el déficit habitacional, garantizar una vivienda adecuada a 1,25 millones de personas vulnerables y emitir un millón de títulos de propiedad digitales al 2031.
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El plan propone ampliar Techo Propio, MiVivienda y Vivienda Rural, incorporando un apoyo diferenciado para la sierra y la selva. También plantea reactivar Techo Propio durante los primeros cien días de gobierno y aumentar hasta en 50% la ayuda estatal destinada a las familias de bajos ingresos.
A esto se le complementa la creación de un Fondo de Garantía para Techo Propio. Este mecanismo buscaría facilitar el acceso al crédito hipotecario y atraer una mayor participación del sistema financiero, incluyendo alternativas como la titulización de hipotecas. Esta medida puede ser incluso más transformadora que un aumento aislado de los bonos. La vivienda social peruana necesita multiplicar las fuentes de financiamiento. El Estado no podrá cerrar la brecha solamente con presupuesto público. Será necesario movilizar recursos de bancos, fondos, inversionistas institucionales y personas naturales.
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El plan también propone restablecer el quinto rango del Nuevo Crédito MiVivienda, fortalecer los programas de alquiler y compra para jóvenes y modernizar el Fondo Hipotecario Verde con tasas menores al 4% para familias de bajos ingresos que adquieran viviendas ecoeficientes. A ello se suma la posibilidad de destinar recursos del canon al financiamiento de viviendas de interés social. Esta propuesta puede ser especialmente útil en las regiones donde existen recursos públicos disponibles, pero continúa creciendo la construcción informal por falta de una oferta formal.
La probable victoria de Keiko Fujimori ofrece continuidad y, con ella, una primera recuperación de la confianza. Pero esa confianza no es un cheque en blanco. El nuevo gobierno tendrá la oportunidad de demostrar que la estabilidad no significa solamente evitar cambios radicales. También significa ejecutar, respetar las reglas y conseguir que el capital privado vuelva a financiar los proyectos que el Perú necesita. En un segmento tan importante como la vivienda social, las propuestas ya están escritas. El verdadero examen comenzará cuando llegue el momento de construir.
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