¿Qué pasará con Juntos, Pensión 65 y los programas sociales en el nuevo gobierno?

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, millones de peruanos no solo decidirán quién ocupará Palacio de Gobierno durante los próximos cinco años, sino también qué rumbo podrían tomar las principales políticas de protección social del país. En un contexto en el que la pobreza monetaria todavía se mantiene por encima de los niveles registrados antes de la pandemia, iniciativas como Juntos, Pensión 65, Contigo y Wasi Mikuna representan un apoyo fundamental para cientos de miles de hogares en situación de vulnerabilidad.

La relevancia de estos programas trasciende incluso el ámbito social. Diversos análisis sobre el actual proceso electoral sostienen que una parte importante del electorado pertenece a sectores vulnerables y que su decisión podría resultar determinante en el resultado de la segunda vuelta. En ese escenario, una de las preguntas más recurrentes entre los beneficiarios es qué ocurrirá con estas ayudas estatales cuando asuma el nuevo gobierno: ¿continuarán funcionando, sufrirán cambios o podrían desaparecer?

¿Los programas sociales desaparecen cuando cambia el gobierno?

Karla Gaviño, especialista en Gestión y Políticas Públicas, explicó en Infobae Perú que la continuidad de estas iniciativas depende en gran medida de la orientación que adopte la nueva gestión, pero recuerda que el país ya ha experimentado múltiples cambios de gobierno sin que ello implique el cierre inmediato de políticas públicas consolidadas.

“No necesariamente cada vez que hay cambio de gestión tienen que desaparecer programas sociales que se vienen implementando desde antes. Ya hemos tenido múltiples ejemplos donde algunos programas han trascendido de una gestión a otra. Un gran ejemplo de ello es Beca 18”, señaló.

La especialista añade que, por el contrario, resulta complejo que una administración decida prescindir de estos mecanismos considerando las demandas ciudadanas relacionadas con la atención a poblaciones vulnerables, adultos mayores y la alimentación escolar.

El respaldo institucional de los programas sociales

Desde el ámbito normativo, los principales programas sociales forman parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), creado mediante la Ley N.° 29792. Esta norma también establece el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (Sinadis), encargado de articular las políticas públicas orientadas a reducir la pobreza, las desigualdades y otras situaciones de vulnerabilidad.

Actualmente, el Midis administra programas como Juntos, Pensión 65, Contigo, Foncodes, PAIS y Wasi Mikuna, los cuales cuentan con presupuestos públicos asignados y estructuras administrativas permanentes.

Ello no significa que sean inmodificables. Un nuevo gobierno puede introducir ajustes en la cobertura, los requisitos de acceso, los montos de las subvenciones o los mecanismos de ejecución, pero cualquier reforma estructural requiere seguir procedimientos administrativos y legales.

¿Qué tendría que pasar para que un programa social deje de existir?

Para Karla Gaviño, el escenario ideal para que un programa social deje de funcionar sería que la necesidad que busca atender haya sido completamente resuelta, una situación que, según advierte, todavía está lejos de alcanzarse en el país.

“Estamos lejos de plantearnos ese tipo de escenarios. Si existe una necesidad insatisfecha y el programa deja de existir, el Estado tendría que plantear otra manera de atender ese problema social”, explicó.

La especialista recuerda que el aparato estatal se organiza para cumplir determinadas funciones públicas y que cualquier modificación relevante debe responder a criterios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios.

En ese sentido, sostiene que una eventual eliminación o fusión de un programa requeriría una evaluación técnica y la participación de la Secretaría de Gestión Pública, órgano rector del sistema de modernización de la gestión pública, antes de que pueda emitirse la norma correspondiente.

¿Qué cambios sí podría realizar el próximo gobierno?

Más que una desaparición, los especialistas consideran que el escenario más probable es una reformulación o fortalecimiento de los programas existentes.

Entre las medidas que una nueva administración podría adoptar figuran la actualización de padrones de beneficiarios, modificaciones en los criterios de focalización, ampliaciones de cobertura, incrementos presupuestales o la creación de nuevos mecanismos para atender necesidades específicas.

Incluso, algunos programas han atravesado procesos de transformación sin dejar de cumplir sus objetivos originales. Uno de los ejemplos más recientes es el cambio de Qali Warma a Wasi Mikuna, impulsado por el Ejecutivo tras una serie de cuestionamientos sobre el servicio de alimentación escolar.

¿Cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno?

A juicio de Gaviño, el próximo presidente no solo debería garantizar la continuidad de los programas existentes, sino fortalecer áreas que, según afirma, han quedado relegadas durante la campaña electoral.

Entre ellas menciona la lucha contra la violencia hacia la mujer, la reducción de la mortalidad materno infantil, la educación sexual integral, la atención a personas adultas mayores en situación de abandono y el fortalecimiento de instituciones como el INABIF y el Conadis.

Asimismo, considera necesario reforzar las políticas relacionadas con la desnutrición crónica infantil, la atención del VIH y otras enfermedades, así como los programas destinados al tratamiento del cáncer infantil.

“Hay una serie de prestaciones sociales que no han sido realmente abordadas en los debates ni en las declaraciones de los candidatos. Sería importante que estas propuestas se traduzcan en políticas públicas efectivas y en programas sociales que cumplan adecuadamente sus funciones”, afirmó.

¿Deben preocuparse los actuales beneficiarios?

Para los especialistas, el cambio de gobierno no implica, por sí mismo, que millones de peruanos dejen de recibir los beneficios que actualmente otorgan los principales programas sociales del Estado.

Más bien, el reto de la próxima administración que se disputa entre la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú será fortalecer estas herramientas, mejorar su capacidad de respuesta y garantizar que lleguen de manera eficiente a quienes más las necesitan, en un país donde la reducción de la pobreza y la protección de las poblaciones vulnerables continúan siendo algunos de los principales desafíos de la política pública.