Más empresa, no más Estado

Durante décadas, el rol de la empresa se entendió de forma bastante acotada: producir, generar empleo y crecer. Esa visión quedó atrás. Hoy, las empresas operan bajo un concepto mucho más amplio, donde su impacto social forma parte del propio modelo de negocio.

En el Perú, esto no es un discurso teórico. Cada vez son más los casos de empresas que ofrecen a sus trabajadores mucho más que un salario: acceso a financiamiento, apoyo en educación y salud, e incluso facilidades de transporte. Tienen mayor alcance. Muchas participan activamente en el desarrollo de infraestructura y servicios para las comunidades donde operan, contribuyendo al cierre de brechas que históricamente han sido responsabilidad del Estado.

Mecanismos como Obras por Impuestos o las asociaciones público-privadas han permitido canalizar esta participación. Gracias a ellos, se han ejecutado proyectos relevantes en educación, salud e infraestructura. Sin embargo, este esfuerzo enfrenta limitaciones. La burocracia, las demoras en procesos clave y, en algunos casos, señales contradictorias desde el propio Estado terminan desincentivando la participación privada.

Este debate cobra especial relevancia en el actual contexto electoral. Diversos candidatos vienen planteando una mayor participación del Estado en la actividad empresarial, retomando la idea del llamado “Estado empresario”. La experiencia, tanto en el Perú como en la región, ha demostrado que este modelo suele derivar en empresas ineficientes, con servicios de baja calidad y altos costos que finalmente asume toda la ciudadanía.

Esto no implica desconocer que existen fallas en algunas empresas. Estas deben ser sancionadas con firmeza dentro del marco de la ley. Pero generalizar y asumir que la solución pasa por desplazar a la empresa privada en su conjunto es un error de diagnóstico. No todas las empresas son iguales, y muchas de ellas cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico y social del país.

Además, las empresas estatales presentan problemas estructurales difíciles de corregir: suelen ser espacios propensos al uso político, donde cargos clave se asignan sin meritocracia alguna, respondiendo más a intereses del gobierno de turno que a capacidades comprobadas. A ello se suma un problema de fondo: se financian con recursos públicos, es decir, con los impuestos de todos los ciudadanos.

A diferencia de ello, la empresa privada se sostiene sobre capital y trabajo que asumen riesgos. Es inversión que apuesta por el país, genera empleo, paga impuestos y dinamiza la economía. En la medida en que más empresas operen en la formalidad, mayores serán los recursos disponibles para financiar obras, programas sociales y servicios públicos.

Por eso, el camino no pasa por reemplazar a la empresa privada, sino por potenciar su rol como socia del Estado. Entrampar su desarrollo, o peor aún, abrir espacio a esquemas de mayor intervención estatal o incluso expropiación, no solo genera incertidumbre, sino que termina afectando la inversión, el crecimiento y, en última instancia, el bienestar de la población.

El Perú necesita más empresa. Necesita reglas claras, estabilidad y un Estado que facilite, en lugar de obstaculizar. Porque cuando la empresa avanza, el país también.