Traición a la disciplina fiscal

La reciente avalancha de normas aprobadas por el Congreso de la República, que incrementan de manera permanente el gasto público, constituye un golpe directo a la sostenibilidad fiscal del país. El Consejo Fiscal ha advertido con claridad que estas medidas suponen un costo anual de al menos S/ 11,4 mil millones, cifra que podría elevarse hasta S/ 15 mil millones. Se trata de decisiones que comprometen no solo el presente, sino también el futuro de las finanzas públicas, en un contexto en el que el déficit fiscal ya se encuentra en el límite de las reglas vigentes.

El problema no es únicamente cuantitativo. La literatura económica ha demostrado que el aumento sostenido del gasto corriente, especialmente en pensiones y remuneraciones, genera rigideces presupuestarias que reducen el espacio para la inversión pública y para políticas sociales de largo plazo. Así, los países que privilegian gasto corriente sobre inversión tienden a experimentar menor crecimiento potencial y mayor vulnerabilidad frente a crisis externas. En el caso peruano, destinar miles de millones adicionales a esquemas de “cédula viva” o beneficios laborales permanentes implica sacrificar recursos que podrían financiar infraestructura educativa, programas de nutrición infantil o becas universitarias.

Más grave aún es la forma en que estas normas han sido aprobadas. El Congreso, consciente de que no tiene iniciativa de gasto, ha decidido ignorar lo establecido por la Constitución y por sentencias recientes del Tribunal Constitucional, que han reiterado esta prohibición. El Congreso no puede tener esta prerrogativa sin tener coordinación previa con el Ejecutivo que asegure las fuentes de financiamiento, cosa que no ha sucedido. El parlamento insiste en aprobar leyes por insistencia, reabriendo mecanismos prohibidos y generando obligaciones que comprometen la estabilidad macroeconómica. Es un acto institucionalmente vergonzante.

El Ejecutivo, por su parte, ha mostrado una irresponsabilidad aún mayor. En lugar de observar estas normas o plantear demandas de inconstitucionalidad, ha optado por promulgarlas. Con ello, no solo abdica de su rol de garante de la disciplina fiscal, sino que se convierte en cómplice de un deterioro que será muy difícil de revertir. La pasividad del Ejecutivo frente a normas que claramente vulneran la Constitución y las reglas fiscales es un mensaje peligroso: se normaliza la indisciplina y se erosiona la credibilidad de la política económica.

Las consecuencias de este comportamiento son previsibles. El incremento del gasto permanente presionará al alza la deuda pública, reducirá el margen de maniobra de futuras administraciones y pondrá en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Perú ha construido en las últimas décadas. Como advierte el Consejo Fiscal, el costo de estas medidas equivale a varias veces el presupuesto de programas sociales prioritarios. En otras palabras, cada sol destinado a financiar privilegios pensionarios o laborales es un sol que se le quita a la lucha contra la pobreza, la educación y la salud.

La irresponsabilidad fiscal no es un asunto técnico menor; es un problema político y ético. Aprobar leyes sabiendo que no hay financiamiento, y promulgar normas que se sabe son inconstitucionales, es un acto de populismo que compromete el bienestar de largo plazo de los peruanos. La disciplina fiscal es un bien público que debe ser defendido con firmeza, porque sin ella no hay estabilidad, no hay inversión y no hay crecimiento sostenible.

Dado que el Ejecutivo ha renunciado a su rol de garante al no acudir al Tribunal Constitucional, corresponde que otras instituciones legitimadas por la Constitución —colegios profesionales, firmas jurídicas, asociaciones civiles— y ciudadanos respetables tomen la bandera de la responsabilidad con el país. Ellos deben ser quienes demanden estas leyes irresponsables del Congreso ante el TC, porque nuestros políticos han renunciado a esa tarea. Solo una acción firme desde la sociedad organizada permitirá preservar la sostenibilidad fiscal y evitar que decisiones populistas sigan hipotecando el futuro del Perú.