País sustentable

Perú enfrenta problemas de debilidad institucional que lo limitan por diversas razones: inseguridad, ausencia de carrera pública, corrupción y falta de transparencia en la gestión. Todo ello afecta su capacidad de respuesta frente a los retos de nuestro tiempo, en particular problemáticas medioambientales como la deforestación o la falta de sostenibilidad. Solo el deterioro ambiental compromete el 3,9% del PBI. Esta debilidad institucional no solo tiene impactos sociales y ambientales: incrementa de manera silenciosa el costo de hacer negocios en el país, generando ineficiencias, conflictos y pérdida de competitividad.

El Estado peruano debe lograr un modelo que busque satisfacer las necesidades actuales y poniendo a la ciudadanía primero: un desarrollo sustentable basado en la interacción y el equilibrio entre eficiencia económica, equidad social y conservación del ambiente. Se trata de mejorar la calidad de vida de las personas a partir de un manejo responsable y sostenible de los recursos naturales. La Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que toda persona tiene derecho a la paz, al disfrute del tiempo libre y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Esta visión encuentra respaldo en la evidencia empírica. Según un estudio nacional sobre percepciones de la inversión en el Perú, realizado en diciembre de 2025 en el marco de la iniciativa Saber para Crecer, entre el 81% y el 85% de los peruanos considera que la inversión extranjera contribuye al crecimiento económico, y más del 80% reconoce su aporte a la generación de empleo, especialmente en sectores como minería, pesca e infraestructura. Sin embargo, este respaldo no es incondicional: el 77% de los encuestados considera que la inversión en minería suele generar daños ambientales, el 73% señala impactos negativos en comunidades locales, y cerca del 78% exige que las empresas publiquen reportes ambientales obligatorios, reflejando una clara demanda por reglas, sostenibilidad y transparencia en la ejecución de los proyectos.

El Perú enfrenta un gran desafío. Una sociedad que busca su desarrollo debe entender su territorio y conocer los recursos físicos, naturales, culturales y sociales que lo componen. Es fundamental el desarrollo de valores y de una estrategia de sostenibilidad en las actividades económicas. En el Perú falta un Estado moderno que impulse un planeamiento estratégico, una hoja de ruta de mediano y largo plazo que articule políticas públicas a favor de un desarrollo sustentable. Aquí todos somos responsables: no hay empresa privada exitosa sin un Estado moderno.

La institucionalidad que debe caracterizar a un Estado moderno tiene una relación estrecha con la gobernabilidad, el desarrollo sustentable y la superación de la pobreza. Si no generamos capacidad de gestión de los recursos con criterios de sustentabilidad, no podremos superar los cuellos de botella, el déficit de infraestructura ni los conflictos sociales. En este contexto, la falta de transparencia y de información accesible no solo alimenta la desconfianza social, sino que eleva los riesgos y costos de los proyectos, retrasando decisiones e inversiones estratégicas y afectando directamente el clima de inversión.

Subsisten problemas de capacidad de gestión y asignación de recursos, así como superposición de competencias entre sectores y niveles de gobierno. Por ello, es imperativo fortalecer la capacidad institucional en el marco del proceso de descentralización y modernización del Estado. La descentralización debe entenderse como un proceso económico y técnico de construcción de capacidades locales y regionales, no solo como la existencia de autoridades propias o mayor presupuesto. Esto debe ir acompañado del desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas, con énfasis en resultados.

Paralelamente, es necesario fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, avanzar hacia una gestión orientada a resultados y promover la competitividad y la productividad, de modo que la inversión extranjera directa genere beneficios concretos para la población peruana. Asimismo, resulta clave incorporar criterios de huella ecológica en las prácticas empresariales, así como potenciar las ventajas competitivas vinculadas a la diversidad biológica del país y a una planificación y uso del territorio más eficiente.

Debemos promover y afianzar sostenidamente alianzas estratégicas tripartitas Estado–Universidad–Empresa, así como la meritocracia y el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas. Hoy existe una necesidad urgente de cuadros técnicos para proyectos en marcha, especialmente en regiones donde hay universidades cuya acreditación y calidad no están respondiendo a las exigencias del desarrollo nacional.

Considerar la transversalidad de la gestión del Estado en un país que aspira a ser sustentable requiere indicadores claros y un monitoreo permanente de la productividad, involucrando a todos los sectores productivos, al sistema educativo y a la seguridad nacional. Del fortalecimiento de la institucionalidad dependen la gobernabilidad y la sostenibilidad, así como la seguridad en sus distintas facetas —hídrica, alimentaria y energética—, que son los mejores indicadores de la capacidad de un país para enfrentar amenazas como el cambio climático.