Jaque mortal a la minería formal

El Perú se acerca peligrosamente a una decisión que puede marcar un punto de quiebre en su competitividad minera. El dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas —y que pronto podría ser debatido en el Pleno— no solo introduce cambios profundos al régimen de concesiones, sino que lo hace desconociendo la realidad operativa de la minería moderna y, peor aún, enviando una señal política sumamente negativa a la inversión formal.

El aspecto más preocupante es, sin duda, la drástica reducción del plazo para iniciar la producción: de 30 a 15 años. En el papel, podría parecer una medida para dinamizar el uso de concesiones. En la práctica, es una desconexión absoluta respecto de los tiempos reales de desarrollo minero. En nuestro país, un proyecto puede tardar entre 15 y 35 años en pasar de la exploración a la producción, e incluso hasta 40 años en algunos casos. Solo la etapa exploratoria puede tomar cerca de dos décadas, mientras que la obtención de permisos —como el estudio de impacto ambiental— suele triplicar los plazos legales establecidos.

Esta brecha entre la norma y la realidad es el principal cuello de botella del sector. Y no se corrige ignorándola, como pretende el dictamen. Esperar que un inversionista comprometa capital bajo un régimen en el que la concesión podría caducar antes de que el proyecto siquiera supere la etapa de permisos equivale a hacer inviable la inversión desde el inicio. Se estaría pidiendo a los inversionistas que apuesten por proyectos cuyo horizonte legal es inferior al tiempo necesario para desarrollarlos.

El problema del dictamen aprobado no es solo de plazos. La eliminación del carácter irrevocable de la concesión introduce un elemento de discrecionalidad administrativa que erosiona la seguridad jurídica. La posibilidad de revocar concesiones sin una causa objetiva clara convierte un derecho real en una autorización precaria. Esto, sumado a la aplicación retroactiva de nuevas cargas económicas y al incremento de las penalidades, configura un escenario que puede percibirse —con razón— como de naturaleza confiscatoria.

Aquí es donde el contexto internacional resulta clave. El último informe del Fraser Institute, referente global en competitividad minera, confirma que las decisiones de inversión dependen significativamente de la calidad de las políticas públicas: alrededor del 40% de la decisión de inversión está determinado por factores como la estabilidad regulatoria, la certeza jurídica y la carga tributaria. En un mundo donde múltiples jurisdicciones compiten por el mismo capital, deteriorar estos factores equivale a autoexcluirse del mapa de inversiones.

El dictamen, lejos de mejorar estos indicadores, los menoscaba simultáneamente: plantea plazos inviables, incrementa costos, introduce incertidumbre y debilita garantías. No sorprende, entonces, que el propio Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) haya advertido que cambios de esta naturaleza pueden generar pérdida de competitividad e inversión en el Perú.

Más grave aún es la narrativa que sustenta la propuesta. Se ha instalado el mito de que “todo el Perú está concesionado” y que ello impide la formalización. Los datos oficiales lo desmienten: apenas el 17% del territorio nacional está concesionado. No existe, por tanto, una escasez de áreas que justifique medidas tan disruptivas. Tampoco hay evidencia de que reducir plazos o aumentar cargas genere incentivos para la formalización. Por el contrario, al elevar los riesgos y reducir la previsibilidad, se desincentiva precisamente a quienes operan dentro de la legalidad.

La minería informal e ilegal no compite bajo estas reglas. No enfrenta permisos, consultas previas ni estándares ambientales. Por ello, endurecer las condiciones para la minería formal no promueve la formalización; la debilita. El mensaje implícito es peligroso: cumplir la ley es más costoso y menos viable que operar al margen de ella.

Finalmente, no puede ignorarse el contexto político. Este dictamen surge en la antesala de un proceso electoral, en un clima en el que las decisiones técnicas parecen ceder ante incentivos de corto plazo. El riesgo es que, en busca de réditos políticos inmediatos, se comprometa una de las principales fuentes de inversión, de empleo y de desarrollo del país.

La minería formal no es una actividad de corto plazo. Requiere décadas, miles de millones de dólares y, sobre todo, reglas claras y estables. Alterar ese equilibrio sin atender la realidad operativa del sector es una apuesta riesgosa que conduce al deterioro de la competitividad del Perú. Si el Pleno del Congreso aprueba este dictamen, el país no estará corrigiendo supuestas distorsiones, sino acelerando su salida del radar de la inversión minera global.