Volver a clases no puede significar volver a la indiferencia

El inicio del año escolar debería significar una nueva ilusión para miles de niños: el reencuentro con sus compañeros, mochilas listas, cuadernos por estrenar y familias haciendo grandes esfuerzos para acompañarlos en el regreso a clases.

Pero en el Perú, volver a clases también significa volver a mirar de frente una realidad que el Estado sigue enfrentando de manera fragmentada, miles de niños y adolescentes estudian en escuelas precarias y aprenden en un entorno que muchas veces no protege su salud ni su desarrollo.

Hablar del inicio de clases debería obligarnos a discutir qué condiciones reales ofrece el país para que un estudiante pueda aprender, crecer y vivir dignamente, y esa discusión pasa, inevitablemente por la nutrición. Porque no hay aprendizaje de calidad cuando un niño llega con anemia, cuando un programa de alimentación escolar brinda productos ultraprocesados, o cuando un colegio reproduce prácticas alimentarias que contradicen cualquier discurso de salud pública.

El Perú arrastra una triple carga de malnutrición que golpea a la niñez y adolescencia: desnutrición, anemia y, al mismo tiempo, sobrepeso u obesidad, y el problema no es menor, ya que el INEI reportó que en 2024 la anemia afectó al 43,7 % de los niños de 6 a 35 meses y que la desnutrición crónica alcanzó al 12.1% de los menores de cinco años. A la vez, UNICEF advierte que el sobrepeso y la obesidad ya son una amenaza seria en la infancia y adolescencia: en el Perú, el 38,4 % de los niños de 6 a 13 años presenta sobrepeso u obesidad, y entre adolescentes de 12 a 17 años la cifra llega al 24,8 %. Es decir, convivimos con carencias y excesos nutricionales dentro del mismo sistema alimentario, e incluso dentro de un mismo colegio.

Por otro lado, el programa de alimentación escolar sigue mostrando una contradicción difícil de justificar, ya que atiende a más de 4 millones de niños en 67.055 instituciones educativas públicas, de modo que cada decisión de compra del Estado tiene efectos directos sobre la salud y nutrición de la niñez. Sin embargo, mientras en algunos colegios continúan presentes productos ultraprocesados, no se concreta una apuesta real por la agricultura familiar como fuente de abastecimiento de alimentos frescos y de mejor calidad. Siendo la incoherencia mayor si se considera que, según denuncias públicas de Conveagro, la meta estatal de compras públicas a la agricultura familiar asciende a S/ 284 millones, pero la ejecución real habría llegado apenas a S/ 221 mil. Cuando el Estado fija una meta de esa magnitud y termina gastando una fracción mínima, lo que revela no es solo un problema administrativo, sino una profunda falta de voluntad política para articular con la agricultura familiar.

Y aquí surge una pregunta de fondo: ¿qué tipo de alimentación escolar estamos ofreciendo? Aunque el discurso oficial insiste en una alimentación “nutritiva y saludable”, la propia documentación del programa y sus requerimientos de alimentos incluyen modalidades de productos industrializados y raciones listas para consumo inmediato; pero si queremos combatir la triple carga de malnutrición, no podemos normalizar que la respuesta estatal descanse en fórmulas que terminan acercándose a la lógica del ultraprocesado. No tiene sentido hablar de prevención de anemia, obesidad o enfermedades crónicas si no existe coherencia entre el currículo, los quioscos, la alimentación escolar y la regulación del entorno alimentario. El mensaje que recibe un estudiante no puede ser una cosa en el cuaderno y otra en la bandeja.

Pero el problema no termina en la comida. También está en el espacio físico donde nuestros niños intentan aprender. Según cifras difundidas por medios de comunicación, de los 55609 colegios públicos del país, 26692 presentan daños y deficiencias estructurales, lo que equivale al 48 % del total. A eso se suma que la Contraloría reportó en febrero de 2026 que más del 60 % de los colegios visitados no contaba con un plan de gestión del riesgo de desastres vigente y presentaba deficiencias en infraestructura. En otras palabras, el retorno a clases también está ocurriendo en locales inseguros, deteriorados o insuficientes.

Por eso, el inicio de clases debería ser leído como un momento de balance ético y político. ¿Qué estamos priorizando realmente como país? ¿Estamos entendiendo que la nutrición escolar no es un tema accesorio, sino una condición básica para el aprendizaje, la salud y la igualdad? ¿Estamos comprendiendo que la infraestructura no es solo cemento, sino una forma concreta de cuidado y dignidad?

El país necesita una política escolar integral. Una que conecte alimentación saludable, infraestructura segura, agua, saneamiento, educación alimentaria, compras públicas de mejor calidad y vigilancia efectiva. Una que deje de pensar a los estudiantes como beneficiarios pasivos y los reconozca como sujetos de derecho. Y una que entienda que no habrá mejora educativa real mientras sigamos separando lo pedagógico de lo nutricional y lo sanitario.

Volver a clases debería ser volver a la esperanza. Pero esa esperanza no puede construirse sobre aulas dañadas y alimentos cuestionables. Si de verdad queremos cuidar a nuestra niñez y adolescencia, el inicio del año escolar no debe celebrarse como rutina, debe asumirse como una urgencia nacional. Porque educar también es alimentar bien. Y alimentar bien también es una decisión política.