
La formalización de la pesca artesanal en el Perú es una necesidad indiscutible. Integrar a los pescadores al sistema, mejorar la trazabilidad de los recursos y fortalecer la sostenibilidad del sector son objetivos que nadie cuestiona. Sin embargo, no toda iniciativa que se presenta bajo ese propósito logra su objetivo. Y ese parece ser el caso de la reciente propuesta que busca reabrir el proceso de formalización en el marco del Decreto Legislativo 1392.
Más allá de sus detalles técnicos, el problema de fondo no está en el mecanismo en sí, sino en la señal que se envía. El proceso SIFORPA II ya tuvo un cierre. Reabrirlo o extenderlo bajo nuevas fórmulas instala una lógica preocupante en la que los plazos no son definitivos y que siempre habrá una nueva oportunidad para incorporarse.
Cuando los procesos de formalización se vuelven recurrentes, el incentivo cambia. Cumplir deja de ser urgente. Se genera, más bien, la expectativa de que es posible esperar al siguiente proceso, al siguiente “SIFORPA”. Hoy es una extensión, mañana podría ser otra.
Este problema se agrava cuando se observa el contexto en el que se plantea la iniciativa. El sector pesquero artesanal enfrenta altos niveles de informalidad, pero también un crecimiento desordenado de la flota y esto se debe a la construcción de embarcaciones al margen de la normativa.
Mientras continúen operando astilleros ilegales y se mantenga la capacidad de incorporar nuevas embarcaciones fuera de control, cualquier esfuerzo de formalización será incompleto. No se puede ordenar una flota que sigue creciendo sin regulación. Existe, además, una prohibición reciente sobre la construcción de nuevas embarcaciones que debería ser el punto de partida para cualquier política sectorial.
Desde una perspectiva de sostenibilidad, la pesca artesanal depende directamente de la salud de los recursos hidrobiológicos. Incrementar, o incluso no controlar, el esfuerzo pesquero puede afectar la disponibilidad futura de especies clave para el consumo humano directo. Por ello, el ordenamiento del sector no puede limitarse a incorporar más actores al registro, sino a asegurar que el sistema en su conjunto sea coherente.
En esa misma línea, el proyecto incorpora la exigencia del uso de sistemas de seguimiento satelital en las embarcaciones artesanales, lo cual constituye una medida positiva. Su implementación fortalece la supervisión por parte del Ministerio de la Producción, asegura la trazabilidad de los recursos extraídos y contribuye a la seguridad de la tripulación durante las faenas de pesca. Sin embargo, este avance no debe plantearse como un elemento condicionante dentro de nuevos procesos de formalización, sino como una medida aplicable a la flota existente, en el marco de una política integral de ordenamiento y control.
Esto no significa desconocer las dificultades reales que enfrentan los pescadores para formalizarse. Los procesos han sido complejos, pero la solución no puede ser, únicamente, reabrir procesos vencidos.
La formalización efectiva requiere credibilidad. Y la credibilidad se construye cuando las normas se cumplen, no cuando se reescriben constantemente. De lo contrario, se instala una lógica donde el cumplimiento es opcional y donde el sistema termina adaptándose a la informalidad, en lugar de corregirla.
Porque en la gestión de los recursos marino-costeros, no basta con buenas intenciones. Se necesitan señales claras, pero sobre todo, coherencia.

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