La situación de Darwin Espinoza vuelve a complicarse. El Poder Judicial del Perú, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró fundada la solicitud de la Fiscalía de la Nación para levantar su secreto de las comunicaciones, en el marco de la investigación conocida como ‘Ley del Atún’. El parlamentario es investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
La decisión judicial, adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley y a la que accedió Infobae, autoriza que las compañías de telecomunicaciones Movistar, Claro, Entel y Bitel proporcionen información detallada sobre la adquisición y uso de los números telefónicos de los investigados durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 29 de junio de 2022.
¿Qué información deben dar las operadoras sobre Darwin Espinoza?
Las operadoras están obligadas a entregar un reporte exhaustivo que abarque tanto el registro de llamadas entrantes, salientes y perdidas, como los mensajes de texto y de voz asociados a los números investigados. Además, deberán detallar la fecha, hora y duración exacta de cada comunicación, así como los datos técnicos de los equipos empleados, incluyendo los códigos IMSI e IMEI, que identifican tanto la línea como el dispositivo móvil utilizado.
La resolución también exige que se precise la ubicación geográfica de los celulares al momento de cada llamada, utilizando la información de las antenas involucradas, sus coordenadas, dirección y sector. Se incluye, además, la identificación de los titulares de las líneas, con nombre completo, número de documento y domicilio registrado, junto con el historial de chips insertados en cada dispositivo durante el periodo en cuestión.
Toda la información deberá ser remitida tanto en formato físico como digital a la Fiscalía de la Nación, específicamente al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en un plazo máximo de 48 horas desde la notificación.
¿Por qué se investiga a Darwin Espinoza y a quiénes más alcanza el caso ‘Ley del Atún’?
El pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones forma parte de una investigación más amplia que involucra a Darwin Espinoza y otros cuatro investigados: Juan Torres Cubas, Jorge Prado Palomino, Eduardo Mora Asnaran y Kenyi Risco Urbina. Según la tesis fiscal, Espinoza habría gestionado cambios normativos en el sector pesquero a través del Decreto Supremo N.° 09-2022-PRODUCE, presuntamente para beneficiar a grandes empresarios pesqueros.
El Ministerio Público sostiene que el legislador habría solicitado S/1 millón por facilitar la designación de un nuevo ministro de la Producción, quien actuaría como garante para la modificación del reglamento de ordenamiento pesquero del atún. La acusación está sustentada en las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz y en supuestas conversaciones de WhatsApp entre los implicados, que ya forman parte del expediente judicial.
La defensa de Espinoza ha cuestionado la legalidad de la medida, argumentando que vulnera derechos fundamentales y que la investigación se apoya solo en testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces. Pese a ello, la justicia dispuso la entrega inmediata de los registros de comunicaciones como parte de las diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades en la gestión de la política pesquera nacional.
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