El presidente del Congreso y candidato al senado por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, se refirió estea los recientes hallazgos de privilegios en el penal de Barbadillo, donde se encuentran recluidos los expresidentes Pedro Castillo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Alejandro Toledo, tras una inspección del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
En declaraciones recogidas por Canal N, Rospigliosi indicó que “Creo que ha habido serios problemas en el INPE, no solamente en Barbadillo, sino en todas las cárceles”, y que las presuntas irregularidades detectadas no son exclusivas de un solo establecimiento penitenciario.
Respecto a la situación de los expresidentes recluidos en Barbadillo, Rospigliosi indicó que considera positivas las intervenciones a los penales, incluso en el que se encuentran los ex mandatarios.
“Me parece muy bien que se haya producido esa intervención y que se regularicen las cosas, que no existan ese tipo de privilegios (...) Lamentablemente, no solamente dentro de Barbadillo, sino en todas las prisiones. Muchas veces ha habido reportes periodísticos donde se ha denunciado eso, sostuvo el presidente del Congreso.
El INPE dejó de existir, pero se mantienen problemas
La publicación del decreto legislativo 1710 en El Peruano que dispuso la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), no resuelve la crisis en el sistema penitenciario del país, según el exjefe del INPE, César Cárdenas.
La medida impulsada por el presidente José Jerí implica la fusión del INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y el Pronapres, que pasarán a depender directamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, Cárdenas, calificó la decisión como “intrascendente” y afirmó que la llamada reforma penitenciaria no introduce modificaciones reales en el sistema carcelario peruano.
“No hay ninguna novedad. Había mucha expectativa respecto de estas reformas profundas que se prometieron y se anunciaron cuando se pidió la delegación de facultades para la fusión... Está simplemente fusionando las instituciones, manteniendo absolutamente igual todo”, sostuvo Cárdenas en diálogo con Exitosa.
El decreto legislativo detalla la fusión de las entidades y elimina el Consejo Nacional Penitenciario, otorgando a la SUNIR una jefatura única, pero Cárdenas recalcó que “la norma se limita a sumar las estructuras existentes de las entidades fusionadas, sin modificar los modelos de gestión ni los mecanismos operativos ya vigentes”. Además, señaló que la creación de la SUNIR no incorpora cambios sustantivos en rehabilitación, infraestructura ni seguridad.
Las funciones que concentrará la nueva entidad
La SUNIR asumirá todas las funciones vinculadas al internamiento de personas privadas de libertad y adolescentes en conflicto con la ley penal. Entre sus competencias se incluye la administración de cárceles y centros juveniles, la ejecución de medidas alternativas a la prisión, la vigilancia electrónica y los programas de seguimiento postpenitenciario.
Asimismo, tendrá a su cargo la seguridad interna y externa de los establecimientos, la formación del personal penitenciario y la supervisión de la participación del sector privado y de la sociedad civil en los procesos de tratamiento y reinserción social.
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