Dos jóvenes fueron detenidos en Huancayo por su presunta vinculación con una red internacional dedicada a la comercialización de pornografía infantil a través de Telegram, en un operativo que se activó tras una alerta emitida desde Estados Unidos y que implicó varios meses de seguimiento por parte del Ministerio Público. El caso, reportado por Huancayork Times, expone la forma en que este tipo de delitos se articulan mediante redes sociales, pagos digitales y canales privados de mensajería.
La intervención se produjo luego de que las autoridades peruanas identificaran un patrón de venta de material de abuso sexual infantil con cobros en dólares y ofertas escalonadas según el tipo de acceso. De acuerdo con la Fiscalía, los implicados operaban desde un departamento en la ciudad y habrían logrado captar usuarios no solo a nivel nacional, sino también en otros países, aprovechando el anonimato que ofrecen las plataformas digitales.
Los detenidos fueron identificados como Peter Vidal Ventocilla Chávez (24) y José Fernando Márquez García (21). Ambos fueron capturados el miércoles 21 de enero, tras una orden de detención preliminar por siete días emitida por el Poder Judicial, a solicitud del Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo. Según el fiscal provincial Herik Henry Gonzales Rivera, la investigación permitió identificar una organización criminal estructurada, con roles definidos y presunto alcance internacional.
Alerta internacional y rastreo digital desde redes sociales
De acuerdo con la información difundida por Huancayork Times, el caso se originó en mayo de 2024, cuando la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) remitió una alerta a las autoridades peruanas. El aviso se basó en un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que identificó a un usuario de la red social X presuntamente vinculado a la producción de material de abuso sexual que involucraría a un menor de 13 años.
A partir de esta información, el Ministerio Público inició diligencias que incluyeron el análisis de perfiles digitales, trazabilidad de pagos y monitoreo de plataformas de mensajería. Como parte de estas acciones, agentes encubiertos lograron infiltrarse en canales de Telegram que, según la investigación fiscal, eran administrados por los detenidos y funcionaban como espacios cerrados para la difusión de contenido ilegal.
Las pesquisas permitieron identificar un esquema de cobros claramente definido. Los implicados ofrecían 10 dólares por el acceso al canal denominado “Packs Morritos By Andy”, 15 dólares por ingresar al canal privado “PremiumAndy15” y un paquete de 25 dólares que incluía el acceso al canal privado y una videollamada personalizada de 30 minutos. Durante la operación, los agentes adquirieron los dos primeros accesos, pagando 10 y 15 dólares, lo que permitió confirmar la existencia de al menos dos canales privados donde se difundía material de abuso sexual infantil.
Las transacciones se realizaron mediante PayPal, a una cuenta a nombre de uno de los investigados, lo que permitió a la Fiscalía establecer un vínculo directo entre los pagos y la comercialización del material ilícito. Este rastro financiero fue clave para sustentar la solicitud de detención preliminar ante el Poder Judicial.
Operaban desde un departamento y evaluarán prisión preventiva
La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que los investigados operaban desde un inmueble ubicado en el pasaje Los Claveles, en las inmediaciones del hospital Daniel A. Carrión, pese a que los domicilios legales consignados por ambos serían distintos. Durante la intervención se incautaron dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras y teléfonos móviles, además de un USB que contenía decenas de archivos relacionados con abuso sexual infantil.
Los peritajes especializados realizados sobre el material incautado determinaron que las víctimas visibles en los archivos audiovisuales tendrían entre 9 y 15 años. Asimismo, informes forenses concluyeron que el contenido analizado corresponde a las categorías de mayor gravedad dentro de las escalas internacionales utilizadas para clasificar este tipo de delitos.
Concluido el plazo de la detención preliminar, el Ministerio Público evaluará solicitar prisión preventiva contra los investigados por el delito de pornografía infantil agravada, el cual contempla penas de entre 10 y 15 años de prisión, según lo establece la legislación peruana. Las diligencias continúan en curso, mientras las autoridades amplían el análisis de los dispositivos incautados para identificar posibles contactos, clientes y vínculos internacionales asociados a esta red.
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