Jerí detalla los motivos de la creación de Sunir ante irregularidades internas en el INPE: “Hay un sector que está contaminado”

La reforma del INPE, anunciada por el presidente José Jerí y programada para entrar en vigencia en enero de 2026, marcará el fin del Instituto Nacional Penitenciario y su reemplazo por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

De acuerdo con Jerí, esta transformación responde a la necesidad de combatir la criminalidad originada en las cárceles y a la urgencia de romper la desconexión entre las autoridades y la realidad del sistema penitenciario. “Lo que nosotros planteamos desde el inicio era hacer lo contrario: estar en la calle, en el campo, y tomar las decisiones en función a la realidad, no al problema que te dice el documento”, afirmó en entrevista con la revista Cosas.

El mandatario aclaró que el proceso no es solo un cambio de denominación, sino una medida estructural y de fondo. Destacó que desde el inicio de su gobierno, incluso sin gabinete, una de las primeras acciones fue visitar los penales y atender directamente “uno de los problemas matrices de la criminalidad”. La reforma es parte de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, y busca restablecer el control y la integridad institucional de los centros penitenciarios.

El contexto de esta decisión está marcado por una grave crisis penitenciaria, donde la corrupción y las mafias internas han desbordado al INPE. Jerí sostiene que la Sunir permitirá “romper con estructuras capturadas por la corrupción” para establecer un modelo de gestión, supervisión y resocialización más eficiente y transparente.

Colusión, filtraciones y debilidad institucional en el INPE

Dentro del INPE, José Jerí identificó una serie de irregularidades y filtraciones que, según él, comprometieron el funcionamiento mismo de la institución. “Hay un sector del INPE que está contaminado, que avisa de los operativos”, advirtió el presidente. Esta práctica minó la efectividad de las intervenciones, ya que al llegar a los penales, los internos y el personal sabían anticipadamente qué celdas serían inspeccionadas, reduciendo el impacto de las requisas.

Jerí relató que durante sus visitas presenciales decidió tomar el control directo de los operativos, ingresando a celdas que supuestamente ya habían sido “limpiadas” por la administración penitenciaria. “Sentí que me direccionaban. Cuando me decían eso, hacía todo lo contrario”, recordó. Esta estrategia le permitió constatar la posible colusión de trabajadores del INPE con internos involucrados en actividades ilícitas.

Para el presidente, el origen de la crisis no radica únicamente en casos individuales, sino en la existencia de “malos elementos que están enquistados” en la estructura del INPE. Por todo ello, considera indispensable la refundación de la institución: “Planteamos refundar al INPE, que en un par de semanas va a ser otra institución.”

Requisas y combate a la extorsión desde los penales

Jerí puso énfasis en cortar de raíz la criminalidad que se origina en las cárceles. Subrayó que una de sus primeras medidas fue atacar la fuente del problema: “De las medidas temporales que adoptamos al inicio del gobierno, una de las primeras fue ir a la fuente de la criminalidad, que eran los penales”. La estrategia principal consistió en retirar celulares y otros objetos empleados para extorsionar y coordinar delitos desde el interior.

Estas acciones tuvieron un impacto inmediato, según el presidente, lo que permitió reducir de manera significativa “las cifras” relacionadas con el crimen organizado penitenciario. “Lo que se ha hecho de forma constante es quitar a los presos las herramientas que usaban para poder extorsionar”, explicó, resaltando la importancia de implementar “requisas constantes, de sorpresa”, que disminuyeron la capacidad operativa de los internos.

Jerí insistió en que estos operativos no solo buscan incautar objetos prohibidos, sino también evidenciar la complicidad y fragilidad institucional del INPE. A su juicio, esta intervención directa servirá como base para el nuevo modelo de gestión que la Sunir implementará, enfocado en la transparencia, el control y la seguridad.

Acusaciones contra el jefe del INPE: el enfoque de Jerí respecto al caso

La crisis del INPE también ha puesto en el centro de la polémica a Iván Paredes, su actual jefe, involucrado en investigaciones por supuestos actos de corrupción. Consultado sobre la continuidad de Paredes, Jerí subrayó: “Es un proceso que está en evaluación. Todos los funcionarios siempre estamos en evaluación constante por acción u omisión”. Reconoció además la existencia de audios difundidos en el programa Cuarto Poder que comprometen a Paredes, aclarando que el proceso se encuentra en desarrollo.

A pesar de las denuncias, el presidente calificó al funcionario como una persona funcional a las directivas del gobierno mientras ha formado parte de su gestión: “Desde que está conmigo, cada cosa que le he indicado, cosa que ha hecho. Es funcional a lo que el gobierno ha planteado. No tengo mayor queja.” Sin embargo, volvió a recalcar que el problema de fondo es estructural y no personal: “El origen del mal, en buena cuenta, es la institución en sí misma y los malos elementos que están enquistados ahí.”

Ante esta situación, Jerí reiteró la urgencia de una refundación total y descartó que el proceso se limite a cambios superficiales. “No es como con los programas de alimentación Qali Warma, que paran cambiando nombres”, puntualizó, enfatizando la profundidad de la transformación en marcha.

¿Cómo funcionará la Sunir, el reemplazo del INPE, y qué servicios se privatizarán?

La creación de la Sunir representa un rediseño profundo del sistema penitenciario. Jerí explicó que la nueva entidad asumirá un enfoque de gestión mucho más riguroso y transparente, apostando por la innovación en los procedimientos y controles internos. En este contexto, el mandatario confirmó la intención de privatizar varios componentes clave: “Dentro de esta nueva institución, SUNIR, estamos planteando privatizar algunos componentes, siguiendo la lógica de lo que se hizo hace diez años”.

Entre las primeras áreas susceptibles a concesión están los servicios de ingreso y egreso para quienes visitan a los internos, así como el manejo de máquinas y mecanismos de control en las penitenciarías. “Estamos viendo que eso sea lo primero en ser concesionado”, precisó Jerí, remarcando el objetivo de reducir la discrecionalidad del personal y dificultar la corrupción operativa.

El presidente consideró que la incorporación gradual del sector privado, bajo un esquema de supervisión estricta, dotará al sistema de mayores garantías de seguridad, transparencia y resultados efectivos en la resocialización de los internos. La Sunir buscará, así, romper el ciclo institucional de ineficacia y complicidad que ha marcado la historia reciente del sistema penitenciario nacional.