A solo semanas de que comience el verano 2026, el balneario de Rosario de Asia, conocido como la “Joya del Sur” en la provincia de Cañete, enfrenta una crisis ambiental de proporciones graves. Mientras los exclusivos clubes de la zona se preparan para la temporada alta, la contaminación fecal amenaza tanto la salud de los veraneantes como la de los pescadores artesanales que dependen del mar para su sustento.
Según una investigación de la agencia de noticias medioambientales Inforegión, la Municipalidad Distrital de Asia se encuentra bajo la lupa de tres organismos del Estado por el vertimiento ilegal de aguas servidas al río Omas, el cual desemboca en el océano Pacífico.
Las autoridades aseguran que la causa principal de este desastre ambiental radica en la falta de un sistema de saneamiento adecuado. La obra de saneamiento inconclusa ha generado que las aguas residuales, cargadas de desechos y bacterias, terminen directamente en el cauce del río, arrastrando la contaminación hacia las playas. Esta situación pone en riesgo la salud pública y la pesca, actividades clave para la economía local. A medida que las aguas fecales se adentran en el mar, la única playa pública de Asia se convierte en un peligro potencial para miles de personas que buscan disfrutar del mar en la temporada veraniega.
Tres entidades fiscales y la respuesta del municipio
La magnitud de la contaminación ha provocado que tres entidades estatales estén realizando inspecciones y exigencias a la Municipalidad Distrital de Asia. El OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), el Ministerio de Vivienda y la ANA (Autoridad Nacional del Agua) han intervenido en el asunto, pero la municipalidad aún no ha logrado mitigar el daño. El OEFA activó los protocolos de emergencia, mientras que la ANA ha iniciado un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS). S
egún informes técnicos de la Administración Local del Agua, en 2024 y 2025 se detectaron aguas residuales y olores fétidos en el río Omas. La inacción de la municipalidad, a pesar de las denuncias desde 2022, podría generar una multa de hasta 10.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
El principal argumento de la EPS Emapa Cañete, que gestiona el tratamiento de aguas residuales, es que la contaminación proviene de una obra inconclusa del programa gubernamental “Reconstrucción con Cambios”. Emapa asegura que su planta de tratamiento funciona correctamente, pero la responsabilidad recae en la contratista encargada de completar la estación de bombeo, una obra clave para evitar el vertimiento de aguas servidas.
En el contexto de este desastre ambiental, la brecha social se hace más visible. Mientras las zonas más exclusivas del balneario, como el Boulevard de Asia, continúan operando sin mayores problemas, las comunidades de Rosario y los pescadores enfrentan serias dificultades. La falta de un sistema de saneamiento funcional pone en peligro no solo la salud pública, sino también el desarrollo inmobiliario en la zona.
Arrojar basura en ríos ya es delito penal: estas son las penas de cárcel y cuándo se aplican
En Perú, botar residuos sólidos en ríos, quebradas o sus riberas dejó de ser solo una falta administrativa y pasó a considerarse un delito penal cuando esta conducta pone en riesgo la vida o la salud de las personas. La normativa establece penas de prisión de entre dos y cuatro años para quienes realicen descargas ilegales de desechos en cauces naturales, apuntando a frenar una práctica recurrente en diversas zonas del país.
La sanción se agrava hasta un rango de cuatro a seis años de cárcel si el arrojo de residuos se realiza utilizando maquinaria pesada o si la acción ocasiona daños a infraestructura pública, como canales, defensas ribereñas o sistemas vinculados al aprovechamiento del agua. Este endurecimiento busca desalentar operaciones organizadas o de mayor escala, que suelen generar impactos ambientales más severos y difíciles de revertir.
Además del castigo penal, la ley refuerza el enfoque de protección de la salud pública y del recurso hídrico, al reconocer que la contaminación por residuos sólidos afecta la disponibilidad y calidad del agua para consumo humano, agricultura y otras actividades económicas. El nuevo marco legal coloca a la protección de los ríos como un eje central frente a escenarios de escasez, presión sobre las cuencas y conflictos por el uso del agua.
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