El Congreso ha promulgado la ley que otorga al gobierno del presidente José Jerí la facultad de legislar en cuatro aspectos clave: seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional por un periodo de sesenta días calendario a partir de hoy.
La norma enumera un total de 48 iniciativas que el Ejecutivo podrá impulsar por medio de decretos y que abordan diversos temas como tenencia ilegal de armas de fuego, modificación de leyes que benefician a refugiados extranjeros, modificar el Código Penal, promoción de la inversión privada, normas en materia tributaria, entre otras.
Normas que impulsará el Ejecutivo
En el ámbito de seguridad y lucha contra la criminalidad organizada, el Ejecutivo podrá modificar el Código Penal para tipificar la tenencia ilegal compartida de armas de fuego en casos de tentativa, flagrancia y cuasi flagrancia, así como establecer un marco regulatorio nacional para la evaluación y determinación del estatuto de persona apátrida, en coordinación con INTERPOL.
Se prevé también la modificación de la Ley del Refugiado para fortalecer el control sobre el reconocimiento de la condición de refugiado y evitar su uso indebido por personas extranjeras en situación irregular, incluyendo la captura biométrica obligatoria de los solicitantes en el Registro de Información Migratoria.
El Ejecutivo también podrá incorporar el delito de revelación de información reservada en investigaciones penales y policiales, una norma que se consideró como un posible ataque al trabajo de periodistas de investigación cuyo trabajo es hacer seguimiento de casos judiciales contra personas con poder. Aunque la norma indica que se garantiza “el derecho a la libertad de información, prensa y secreto profesional”, los alcances de esta norma pueden ser analizados por el Congreso al término del plazo de 60 días.
Además, se incrementarán las penas por resistencia o desobediencia a la autoridad y se restringirá la suspensión de la ejecución de la pena. Se dictarán medidas para prevenir el aprovechamiento delictivo de vehículos siniestrados y el duplicado fraudulento de placas, y se autorizará la revisión de equipos informáticos en flagrancia por delitos como extorsión, sicariato y secuestro, incluso dentro de establecimientos penitenciarios, con procedimientos inmediatos de deslacrado y análisis de equipos móviles incautados, siempre bajo confirmación judicial.
En materia de responsabilidad penal de adolescentes, se regulará la competencia de los juzgados unipersonales y se promoverán salidas alternativas al juicio, como la conciliación y la mediación penal juvenil. Se incorporará el delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en penales y centros juveniles, y se optimizarán los mecanismos de supervisión sobre antenas ilegales en estos establecimientos, bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El régimen penitenciario será reforzado mediante la creación de una etapa de máxima seguridad en el Régimen Cerrado Especial, con criterios objetivos de progresividad y permanencia, y un sistema de clasificación automática para internos condenados por delitos de alta lesividad social. Se restringirán los beneficios penitenciarios para condenados por delitos graves y se establecerá control judicial sobre la redención de pena por educación y trabajo.
En situaciones de emergencia que amenacen la vida, integridad o libertad personal de la víctima, el fiscal podrá requerir al juez penal el levantamiento del secreto de las comunicaciones en un plazo de veinticuatro horas. Se creará el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC) y se dictarán medidas para su implementación, especialmente en el sector transporte.
El Ejecutivo podrá incorporar nuevos tipos penales para sancionar conductas previas a la consumación del delito de extorsión, modificar la Ley de Delitos Informáticos para incluir la adquisición y tráfico de datos ilícitos. También se anunció que se buscará fortalecer la investigación de delitos como lavado de activos y financiamiento del terrorismo, bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Leyes en materia económica
Respecto al crecimiento económico responsable, el Ejecutivo podrá modificar el sistema de pago de obligaciones tributarias, fortalecer el marco penal tributario frente a nuevas modalidades de fraude, establecer procedimientos especiales para controlar el valor en importaciones y permitir la sustitución de sanciones de comiso por multas en ciertos casos aduaneros. Se facilitará la disponibilidad de inmuebles para proyectos de infraestructura, se precisarán supuestos de aplicación del porcentaje de percepción del 10 % en importaciones y se optimizará la gestión de proyectos bajo asociaciones público-privadas.
Se promoverá la inversión privada en bienes públicos del patrimonio cultural, garantizando su subordinación al interés general, y se eliminarán tasas por medidas cautelares en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Se incorporarán obligaciones para proveedores no domiciliados de implementar correos electrónicos para reclamos y se prohibirán prácticas comerciales coercitivas en el comercio electrónico. El Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) incorporará el padrón nominal de niños menores de seis años y se promoverá el reconocimiento de aprendizajes previos para facilitar la inserción en la Educación Técnico-Productiva.
En cuanto al fortalecimiento institucional, se incorporarán disposiciones sanitarias para la protección de animales domésticos, se promoverá la innovación pública, se garantizará la ejecución de sanciones impuestas por OSIPTEL y se fortalecerá la gobernanza en ciencia, tecnología e innovación.
También se indica que se modernizará el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y se crearán la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) como entes rectores en sus respectivos ámbitos.
La ley establece la obligación de los titulares de cada sector de informar por escrito a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso sobre los avances en la implementación de las medidas legislativas, dentro de los sesenta días posteriores a la publicación de los decretos legislativos correspondientes. Este reporte deberá detallar el estado de cada materia delegada según el sector ministerial responsable, como el Minjus, PCM, MEF, Mininter, MTC, Midagri, Cancillería, Produce, Minem, Minam, Mincul, Midis, y Minedu
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