
Una operación policial y fiscal de gran magnitud sacudió el Callao desde la madrugada. Bajo la coordinación de la Dirección contra la Corrupción, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron simultáneamente 27 allanamientos en domicilios y oficinas de funcionarios públicos e instalaciones ligadas al Gobierno Regional. Estas acciones forman parte de una investigación por supuestos delitos de administración pública, particularmente por colusión agravada, en los procesos de adjudicación y compras estatales.
El caso, denominado “Los Socios del Callao”, involucra a diversas figuras del aparato estatal regional y expone una presunta estructura criminal dedicada al direccionamiento de contratos con fondos públicos. La situación adquirió mayor notoriedad debido a que el gobernador Ciro Castillo, señalado como principal investigado y presunto líder del esquema, no fue ubicado durante las diligencias y su paradero sigue siendo incierto.
El paradero desconocido del gobernador

Durante la intervención policial, Castillo no fue encontrado ni en su domicilio de La Punta ni en los puntos intervenidos por los efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público. Los agentes inspeccionaron minuciosamente la vivienda del gobernador, ubicada en una zona residencial tradicional, pero solo hallaron a personal de seguridad y miembros de la fiscalía revisando documentación.
La incertidumbre creció entre la prensa y la opinión pública al confirmarse que, pese a la orden de detención preliminar vigente, el gobernador no se encontraba en ninguna de sus residencias conocidas. La defensa de Ciro Castillo, encabezada por el abogado Humberto Abanto, optó por no revelar detalles sobre su paradero, limitándose a rechazar las acusaciones y asegurar que su patrocinado no fue notificado oficialmente de la medida.
Al ser consultado por los medios sobre el paradero de Castillo, el letrado insistió en su decisión de no contestar y reiteró que todo el proceso se encuentra en etapa de investigación preliminar. El gobernador del Callao, por ahora, sigue siendo buscado intensamente por las autoridades y no ha realizado apariciones públicas ni declaraciones directas desde el inicio del operativo.
Por otro lado, el general Óscar Lira, jefe de la División de Corrupción de la Policía Nacional, señaló que todas las alertas migratorias ya fueron activadas: “No va a poder salir porque ya tiene requisitoria en todos los puertos fronterizos. Ahorita estamos tratando de ubicarlo, ya que es él quien encabeza esta presunta red criminal”, aseguró Lira aTV Perú.
Siete detenidos y 27 allanamientos tras la operación
Las diligencias simultáneas arrojaron como resultado la detención de siete personas, entre funcionarios, asesores y presuntos proveedores involucrados con el Gobierno Regional. Según la Fiscalía, el operativo constituye uno de los despliegues más amplios en la provincia en lo que va del año, y se centró en recabar evidencias sobre el supuesto direccionamiento irregular de contratos públicos menores a ocho UIT, mecanismo usado para eludir procesos regulares de licitación.
Las autoridades acusan a la red de coordinar la entrega de órdenes de compra y servicio a favor de empresas previamente determinadas. El monto comprometido en estas operaciones supera el millón y medio de soles, de acuerdo con la información recogida en la investigación.
Durante la madrugada, la Policía Nacional y la Fiscalía ocuparon oficinas administrativas, departamentos y vehículos, así como almacenes vinculados a la gestión regional, en busca de documentos y dispositivos electrónicos que permitan esclarecer la magnitud de la trama delictiva. Entre los detenidos se encuentran asesores y responsables de logística, quienes permanecerán bajo detención preliminar hasta por quince días mientras avanzan las pesquisas.
Lo que dijo el abogado de Ciro Castillo
En el exterior de la residencia de Castillo, el abogado Humberto Abanto fue interceptado por la prensa. El defensor reivindicó la inocencia de su patrocinado, calificó de arbitrario el procedimiento y anunció la presentación de recursos legales para apelar la orden judicial. Expresó que el acta del allanamiento indica que la diligencia resultó infructuosa al no haber encontrado pruebas sustantivas en el inmueble inspeccionado.
Abanto criticó la falta de una comunicación formal previa de la investigación a la defensa técnica y cuestionó la fundamentación del juez para la adopción de medidas restrictivas de libertad. El representante legal reiteró ante los medios que la investigación sigue en una fase preliminar y que, hasta la fecha, no existen acusaciones formalizadas contra Castillo. Sin embargo, se negó a responder sobre el paradero de su cliente.

Red “Los Socios” bajo la lupa y el impacto institucional
El Ministerio Público sostiene que la presunta red delictiva identificada como “Los Socios del Callao” operó desde el inicio de la gestión de Ciro Castillo, implementando mecanismos de adjudicación directa en compras estatales por montos que no exigían licitación. Funcionarios y servidores del gobierno regional habrían actuado en coordinación para favorecer reiteradamente a ciertas empresas, multiplicando el daño patrimonial al Estado.
Los detenidos incluyen a jefes de logística, asesores clave y encargados de almacén, mientras se investigan los vínculos con proveedores específicos. Las diligencias continúan en distintos puntos del Callao, en paralelo con la búsqueda activa del gobernador. El caso sigue su curso en etapa preliminar, bajo un amplio interés de la ciudadanía y el seguimiento de organismos de control.
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