En una jornada marcada por un imponente despliegue policial, la Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo el último viernes una intervención masiva en el distrito del Rímac, con el foco puesto en el control migratorio. La operación incluyó el traslado de más de 1.500 ciudadanos extranjeros al cuartel Juan Benítez Luna, donde fueron sometidos a rigurosos exámenes para determinar la regularidad de su situación en el país.
“Hasta el momento (10 p. m.), llevamos 1.500 personas intervenidas, de las cuales más de 700 ya han sido verificadas. Entre ellas, hemos encontrado que 99 están en condición irregular y otras 90 se encuentran próximas al vencimiento de su permanencia en el Perú”, señaló el titular titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, a Exitosa.
Luego, la página del Mininter señaló que se identificó a 4 sujetos con requisitorias: 3 con órdenes de captura a nivel nacional y 1 con requisitoria internacional.
La magnitud del operativo llevó a que los intervenidos fuesen trasladados en vehículos oficiales y, en algunos casos, en unidades particulares. Parte de los ciudadanos extranjeros aguardaban en las áreas exteriores del cuartel, algunos esposados y custodiados en la tolva de patrulleros, a la espera de concluir los trámites correspondientes con las autoridades.
Diversos grupos manifestaron su preocupación por supuestas detenciones indebidas, argumentando que poseían la documentación necesaria; sin embargo, la revisión documental se realizó de manera meticulosa para garantizar la transparencia y evitar arbitrariedades.
El ministro del Interior explicó que el objetivo central de estas intervenciones es la plena identificación y el control exhaustivo de quienes permanecen en el Perú. “Venimos realizando estos operativos desde hace varias semanas y los vamos a continuar de manera permanente. No hay espacio para la irregularidad. El objetivo es identificar plenamente, verificar la situación migratoria y aplicar la ley”, enfatizó Vicente Tiburcio.
Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros subrayó la importancia de tomar decisiones ajustadas a la dimensión del desafío de la inseguridad ciudadana. “Las medidas tienen que ser proporcionales al problema. El Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y garantizar el orden. Este país recibe a quienes vienen a trabajar y a contribuir, pero no puede permitir la irregularidad ni el delito”, afirmó Ernesto Álvarez Miranda.
El presidente José Jerí, por su parte, respaldó el operativo y remarcó la necesidad de adecuarse al estado de emergencia decretado para enfrentar la criminalidad y el ingreso irregular de personas al país.
De igual modo, resaltó que todas las acciones se desarrollaron bajo estricto respeto al marco legal vigente y a los derechos fundamentales de los intervenidos.
Cabe precisar que, según la página del Ministerio del Inerior, las labores comenzaron a las 16 horas y continuaron hasta la noche, demostrando una coordinación constante y una planificación previa en el desarrollo del operativo.
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