Más de 200 postores en el Programa de Alimentación Escolar, iniciativa con la que el Midis busca ganar credibilidad tras Qali Warma

A tres días del cierre de inscripciones, más de 200 postores han formalizado su participación en el proceso de compra del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para 2026, según informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). De ese total, 108 han superado con éxito la evaluación y fueron declarados aptos, mientras continúa la revisión estricta del resto. Este interés significativo surge durante una etapa crítica para la política alimentaria escolar, marcada por recientes escándalos que evidenciaron fallas graves y pusieron en riesgo la salud de miles de niños.

El nuevo proceso de selección cobra especial relevancia tras los severos casos de intoxicación sufridos por escolares en diversas regiones bajo el antiguo sistema Qali Warma, cuya mala gestión provocó la extinción de ese programa y suposterior reemplazo por iniciativas como Wasi Mikuna, también suspendida tras graves incidentes sanitarios. El Estado busca, con el relanzamiento del PAE, reconstruir la confianza perdida garantizando alimentos seguros, nutritivos y de calidad, bajo una vigilancia mucho más estricta y estándares elevados de transparencia.

Según el viceministro de Prestaciones Sociales, Fidel Pintado Pasapera, la alta demanda refleja el compromiso de empresas y autoridades para dignificar el servicio alimentario escolar y priorizar la inocuidad. “La invitación sigue abierta; las empresas interesadas aún tienen tres días para sumarse a este esfuerzo por mejorar la alimentación de nuestros escolares”, declaró el funcionario.

PAE enfrenta el reto de recuperar la confianza ciudadana

El relanzamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) llega tras una larga huella de corrupción, fallos de control y graves daños a la salud infantil en programas previos como Qali Warma y Wasi Mikuna, episodios que han dejado a la ciudadanía marcada por la desconfianza. Aunque hoy las autoridades afirman que la alimentación escolar será tratada como un derecho y con estándares de máxima transparencia, muchos observan el proceso con cautela y esperan resultados tangibles.

Las bases del PAE prometen reglas claras y competencia justa para abastecer a más de 4,2 millones de escolares en 67.000 colegios, alineándose con la lucha contra la anemia y la obesidad. Sin embargo, la sociedad exige garantías efectivas de que no volverán a operar empresas que pusieron en peligro la salud de los niños.

Entre sus objetivos, el PAE prioriza insumos certificados y controles que, según el Estado, serán supervisados por la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y DIGESA. Las promesas oficiales enfatizan que no habrá concesiones: cada oferente debe ajustarse a fichas técnicas estrictas para evitar sustituciones o ingredientes peligrosos.

La memoria de escándalos y casos de intoxicaciones hace que las familias esperen algo más que anuncios: quieren evidencia real de que el sistema de calidad y los filtros funcionarán. Hoy, el nuevo PAE enfrenta el reto de convencer a una sociedad que ya no tolera improvisaciones ni descuidos con la alimentación infantil.

Buscan dejar atrás irregularidades de Qali Warma

Pese a las garantías oficiales, la desconfianza social persiste tras los escándalos vividos en la era de Qali Warma. La memoria colectiva no olvida los episodios de corrupción, los sobornos y la contratación de proveedores que pusieron en riesgo la salud de miles de estudiantes. Por ello, la vigilancia ciudadana sobre el nuevo proceso del Programa de Alimentación Escolar (PAE) es más intensa que nunca, y las familias exigen que no se repitan los errores del pasado.

Según el Midis, únicamente pueden participar quienes figuren en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y certifiquen un historial sin antecedentes negativos en el suministro de alimentos al Estado. Este filtro sanitario, resultado de lecciones institucionales dolorosas, es indispensable para evitar que compañías comprometidas con malas prácticas vuelvan a tener acceso a contratos públicos.

El proceso incorpora mecanismos automáticos de verificación documental y antecedentes, además de un sistema de exclusión para empresas vinculadas a actos de corrupción o responsables de productos que causaron daños a escolares. Aunque se proclama un enfoque de “tolerancia cero” frente a las irregularidades, la ciudadanía permanece atenta ante cualquier intento de eludir o flexibilizar estos controles.

El abastecimiento garantizado de alimentos de calidad, con nutrientes y micronutrientes esenciales, constituye una prioridad que las autoridades no pueden negociar nuevamente. Las bases del proceso exigen especificaciones que aspiran no solo a cumplir los mínimos legales, sino también a satisfacer estándares internacionales en inocuidad y valor nutricional, en respuesta a exigencias legítimas de padres y organizaciones sociales.

Convocatoria deja fuera a empresas con antecedentes

El proceso de convocatoria para el PAE 2026 fue formalmente anunciado el 2 de diciembre de este año, desde la sede del Midis. El registro digital de postores, la recepción de observaciones y la evaluación de propuestas han seguido un cronograma público y detallado, cuyo desarrollo puede ser monitoreado por cualquier interesado a través de la web del programa. Las bases del proceso reciben aportes de la sociedad y se someten a revisión y consulta antes de publicarse en su versión final.

Las autoridades del PAE han sido enfáticas: empresas sancionadas o involucradas en afectaciones a la salud pública, así como aquellas con antecedentes de irregularidades, quedan absolutamente excluidas del certamen. Esta política responde al propósito de dejar atrás los episodios que desprestigiaron a sus predecesores y a la exigencia ciudadana de erradicar toda posibilidad de corrupción y falta de control.

La evaluación y adjudicación serán supervisadas por organismos de control externos e independientes. El programa contempla, incluso, etapas de impugnación y resolución de controversias, a fin de fomentar un ambiente de competitividad limpio en la adjudicación de un servicio considerado vital y estratégico para el futuro del país.