El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará este lunes 15 de diciembre autorizar a la Fiscalía el acceso integral a los contenidos y registros almacenados en los teléfonos celulares incautados a Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, y a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.
La petición se sitúa en la fase de investigación preparatoria a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. El objetivo es esclarecer si existieron contactos, coordinaciones o transferencias de información que evidencien una supuesta red de influencias y favores ilegítimos.
La sesión, que será dirigida de manera virtual y reservada, responde a la necesidad de proteger la privacidad de los datos y el carácter delicado de la información a la que el Ministerio Público solicita acceso. Tanto Hurtado como Peralta y sus representantes legales estarán presentes, y el Poder Judicial ha dispuesto la inclusión de defensores públicos en caso de ausencia de un abogado.
¿Qué busca la Fiscalía?
Como se sabe, la Fiscalía ha solicitado la apertura total del equipo Samsung incautado a Andrés Hurtado, así como del dispositivo retenido a la exfiscal Peralta, con el propósito de revisar no solo llamadas y mensajes de texto, sino además fotografías, documentos, historial de navegación y la actividad en plataformas digitales tales como WhatsApp, Facebook e Instagram.
Adicionalmente, se requiere un informe histórico que abarque registros entre el 11 de enero de 2020 y el 19 de septiembre de 2024, incluyendo detalles de titularidad, geolocalización y comunicaciones mediante el número de teléfono. Esta recolección de datos resulta estratégica para trazar patrones de contacto y verificar las rutas de comunicación que puedan sustentar la tesis fiscal sobre la existencia de acuerdos para influir en resoluciones judiciales.
El proceso que ha dado pie a este pedido se remonta a mediados de 2024, período en que la difusión de audios y documentos motivó la apertura de indagaciones contra distintos actores del entorno judicial y empresarial. En meses anteriores, el juzgado aprobó el levantamiento de los secretos bancario, tributario y bursátil de los investigados, así como de otros posibles implicados, lo que permitió revisar movimientos financieros en busca de transferencias incompatibles con sus ingresos o actividades lícitas. Por lo tanto, la nueva audiencia busca complementar esas pesquisas ampliando el espectro a las comunicaciones privadas electrónicas, consideradas, por los investigadores, como fuente potencial de pruebas directas, indicios o circunstancias agravantes.
Andrés Hurtado permanece bajo prisión preventiva en el penal de Lurigancho, cumpliendo una medida restrictiva de 18 meses por orden judicial, debido a la gravedad de los cargos y el riesgo procesal identificado en el expediente. La investigación lo vincula principalmente con el empresario Javier Miu Lei y con Peralta, señalados como participantes activos en la supuesta red. El juicio público alrededor del caso no solo responde a la notoriedad de los investigados, sino a la repercusión institucional de un eventual hallazgo de prácticas corruptas dentro del sistema de justicia.
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