La Autoridad Nacional del Agua (ANA) manifestó su respaldo a la reciente promulgación de la Ley N.º 32523, que sanciona con cárcel el arrojo indebido de residuos sólidos en ríos, quebradas y sus riberas a nivel nacional. El jefe de la entidad, José Musayón, destacó la importancia de contar con herramientas legales que permitan imponer sanciones más severas y poner freno a prácticas dañinas que por años han afectado los recursos hídricos del país.
La Ley N.º 32523, publicada el 10 de diciembre de 2025, incorpora el artículo 125-A al Código Penal y tipifica como delito el depósito ilegal de residuos sólidos en cauces o márgenes de cuerpos de agua. Las sanciones establecen penas de dos a cuatro años de prisión, las que pueden elevarse hasta seis años en caso se emplee maquinaria pesada o se cause daño a infraestructura pública. La norma busca reforzar la protección ambiental y la salud de la población ante una problemática que compromete la calidad y disponibilidad del agua.
Con este marco, el Estado busca cerrar décadas de impunidad y enviar un mensaje claro: los ríos se respetan y se protegen. La implementación de sanciones penales apunta a disuadir el incumplimiento y enfrentar los desafíos derivados de la presión sobre los recursos hídricos, situación agravada por la expansión urbana, el crecimiento de la actividad agrícola y el cambio climático.
ANA resalta el impacto nacional de la ley que endurece las sanciones por contaminación
El jefe de la ANA, José Musayón, subrayó que la nueva ley extiende su alcance a todos los ríos del país: “Esto abarca a nivel nacional para todos los ríos de nuestro país”. Explicó que antes la entidad solo podía efectuar procesos administrativos sancionadores que no superaban la aplicación de una multa. “La Autoridad Nacional del Agua solamente hasta antes de este articulado podía iniciar procesos administrativos sancionadores que no iban más allá de una sanción monetaria”, expresó en Canal N.
Musayón valoró que el nuevo articulado permite a la ANA trabajar junto al Ministerio Público para imponer sanciones penales y enfrentar malas prácticas instaladas durante décadas. “Con este articulado nos va a poder permitir el poder poner, a través del Ministerio Público, sanciones más severas para poder detener esta mala praxis que se ha venido desarrollando por décadas”, precisó
Además, resaltó la importancia de distinguir entre residuos sólidos y vertimientos líquidos: “Esta norma habla específicamente de residuos sólidos. Tenemos ya una norma que, si mal no recuerdo, es el artículo trescientos cuatro, que sanciona también severamente a las empresas o a las personas que vierten este tipo de residuos líquidos a los cauces de los ríos”.
Impacto de la contaminación en los ríos, según ANA
La contaminación de los ríos peruanos por arrojo de basura y desmonte ha causado serias afectaciones ambientales y sociales. “El arrojo de desmonte estrangula tramos de los ríos, provocando desbordes no solo en Lima, sino también en otras partes del país”, advirtió Musayón. Citó el caso del río Rímac, que abastece de agua a once millones de limeños y donde, pese a labores continuas de limpieza y descolmatación, los residuos siguen apareciendo.
En ese contexto, la ANA lidera el plan de recuperación del río Rímac, donde el setenta por ciento del esfuerzo se enfoca en recuperar la calidad del agua. Las municipalidades cumplen un rol fundamental en la vigilancia y control de los cauces; “Quiero saludar, a aliados importantes que son las municipalidades que nos están ayudando de una u otra manera a vigilar este río para poder detener poco a poco y que la caja hidráulica que viene quedando después de la limpieza se mantenga”, destacó el jefe de la ANA.
La protección efectiva de los ríos demanda coordinación entre entidades estatales y la población. “Invoco también, aprovecho la oportunidad, de que la población no arroje este tipo de desechos a los ríos porque tenemos, no solamente en el río Rímac, sino varios ríos del país que son ríos imponentes”, expresó Musayón. Con la nueva ley, la acción conjunta de ANA, municipios, fiscalía y ciudadanía será clave para asegurar la eficacia del marco legal y preservar la integridad de los cursos de agua.
Nuevas sanciones penales ante el desafío de los residuos sólidos y aguas residuales
El manejo inadecuado de residuos sólidos y aguas residuales domésticas constituye uno de los principales desafíos para los ríos del país. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) advierte que el depósito de basura y desmonte incrementa el riesgo de desbordes y deteriora la calidad del recurso hídrico, afectando su uso para consumo humano, riego y actividades económicas. Incluso con acciones recurrentes de limpieza, la presencia de desechos evidencia la necesidad de mecanismos legales más fuertes.
Ante esta problemática, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 32523, que incorpora el artículo 125-A al Código Penal con el objetivo de sancionar penalmente el arrojo indebido de residuos sólidos en cauces, lechos o riberas de ríos y quebradas. La norma establece penas de dos a cuatro años de prisión para los responsables y agrava estas sanciones hasta seis años si se emplea maquinaria pesada o se ocasiona daño a infraestructura pública. Esta legislación representa un avance histórico en la protección de los recursos hídricos, pues por primera vez se tipifica como delito esta conducta y se refuerza el mensaje de respeto y defensa de los ríos peruanos.
Si bien la nueva ley sanciona penalmente el arrojo de residuos sólidos, los vertimientos líquidos cuentan con su propia legislación, supervisada por organismos como la OEFA. “Tenemos ya una norma que si mal no recuerdo es el artículo trescientos cuatro, que sanciona también severamente a las empresas o a las personas que vierten este tipo de residuos líquidos”, remarcó Musayón para precisar el alcance de la ley.
Frente a este panorama, la ANA enfatiza que solo un trabajo articulado, con apoyo de la población y autoridades, permitirá frenar la contaminación y garantizar la sustentabilidad de los ríos. “Desde la ANA invocamos a la población y a las empresas a que desistan en estas prácticas, porque con esta nueva legislación nos dan facultades para aplicar sanciones mucho más severas. Además, buscamos generar conciencia en los peruanos para que eviten esta mala práctica”, concluyó el titular de la entidad.
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