El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, manifestó este miércoles su respaldo a la reestructuración del organismo anunciada por el presidente interino, José Jerí, prevista para enero de 2026.
Durante una entrevista con el canal estatal TV Perú, el funcionario reconoció que el INPE afronta situaciones de corrupción y dificultades operativas que datan de años recientes.
También admitió que personal penitenciario permitió la entrada de objetos prohibidos en diversas cárceles. “El presidente Jerí tiene claro el tema, tiene que haber una reestructuración (...) Si hay objetos ilícitos, eso define corrupción, tanto de un lado como del otro. También hay inoperancia de los agentes penitenciarios”, afirmó.
Según Paredes, las requisas, que antes se realizaban de manera esporádica, ahora presentan una frecuencia y eficacia superiores. “En relación con los años anteriores, hay un 25% más de requisas”, precisó.
Remarcó que numerosas actividades delictivas, incluidas extorsiones y sicariato, se originan desde el interior de las cárceles. “En gran parte, como lo dice el presidente, salen de los penales”, señaló.
El funcionario también fue consultado sobre su permanencia en el cargo, en un contexto marcado por un proceso disciplinario en su contra por presuntos sobornos y amenazas de muerte que denunció en la víspera.
“Si el presidente me dice ‘hasta acá llegamos’, yo llego hasta acá”, declaró, aunque afirmó que las requisas continuarán pese a las intimidaciones.
“Tuve dos llamadas en las cuales amenazaban contra mi vida con lisuras, improperios, que me iban a dar vuelta, que si seguía con las requisas me van a matar”, añadió antes de indicar que, de ser necesario, pedirá medidas adicionales de protección.
Jerí informó días atrás que, a partir del próximo año, el gobierno realizará el reemplazo de Paredes y creará la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que asumirá las competencias del actual organismo.
Acusación
El funcionario es señalado, según Cuarto Poder, por presuntamente coordinar la devolución de un cobro de S/80.000 solicitado para facilitar la excarcelación de un exagente policial condenado; sin embargo, él ha negado la autenticidad de los audios difundidos por el programa.
El dominical reveló que Paredes fue objeto de una multa de más de 16,000 soles por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) debido a incumplimientos en su ejercicio profesional como abogado, incluidos la omisión de entrega de recibos, ausencia de una denuncia penal ya pactada y falta de restitución de 3,500 dólares entregados por un cliente en 2021.
La sanción, avalada en agosto de 2024 y cancelada tras su designación al cargo, tuvo como fundamento pruebas documentales, incluidas transferencias bancarias y registros de conversaciones acerca de servicios legales no prestados. El jefe del INPE reconoció haber recibido los fondos y no entregó comprobante alguno.
Sergio Castro, autor de la denuncia, expresó temor a posibles represalias, eligió no ampliar su testimonio en público y reafirmó su acusación mediante una llamada. Presentó además mensajes en los que reclamó el reembolso del dinero y donde constan respuestas evasivas y eventuales intimidaciones.
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