La hermana del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), Irma Castillo, recibe 4 mil soles mensuales como coordinadora administrativa en la Municipalidad de Lurigancho Chosica. No obstante, su presencia en el centro laboral es inexistente y emplea su horario de trabajo para participar en campañas por la liberación de su hermano y en actividades políticas de Juntos por el Perú.
Un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder reveló que el 27 de noviembre, mientras ofrecía declaraciones a la prensa frente al penal de Barbadillo, debía estar en su oficina, ubicada a más de treinta kilómetros.
Un periodista acudió al área donde figura asignada y no la halló. Ningún trabajador pudo precisar su ubicación. Aunque algunos aseguraron que realiza labores en campo, nadie la reconoce en los puntos señalados. La municipalidad confirmó que aparece en planilla y que no registra antecedentes como proveedora ni como empleada estatal.
Documentos obtenidos por el mismo programa indican que su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores ocurrió el 6 de junio. Pocos días después recibió una invitación directa para ocupar el cargo municipal, pese a no contar con experiencia en el sector público. El puesto requería a un contador público; ella posee el título, pero no está habilitada por el Colegio de Contadores.
Fotografías y videos la ubican en diversas fechas laborales frente al penal de Barbadillo junto a simpatizantes y miembros de su partido. El 14, 18 y 27 de noviembre quedó registrada en ese lugar dentro de su horario. Ese último día se retiró junto a su hermana después de varias horas. En la municipalidad apareció solo de manera fugaz, durante menos de cinco minutos.
El vínculo político resulta evidente: el alcalde de Lurigancho Chosica, Oswaldo Vargas, milita en Juntos por el Perú, la misma organización de los Castillo. Irma y otras integrantes del partido participan en protestas y actividades partidarias mientras el Estado les paga por sus funciones municipales.
Además, Analí Márquez Huanca, candidata a la vicepresidencia por esa agrupación, también figura con órdenes de servicio en la municipalidad. Consultada por Cuarto Poder sobre su labor, evitó ofrecer una explicación clara.
Condena
Castillo fue condenado a fines de noviembre a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó al exmandatario consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.
La sala lo absolvió de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, además del pago de una indemnización de 12 millones de soles en forma solidaria con sus coacusados.
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