El Ministerio de Energía y Minas (Minem) fijó una posición firme frente al dictamen que hoy será debatido en el Pleno del Congreso, el cual propone extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2027 y abrir la puerta a la reincorporación de más de 50 mil mineros que fueron excluidos por no cumplir requisitos mínimos.
A pocas horas de la discusión legislativa, el sector envió un documento al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, firmada el 3 de diciembre, advirtiendo que varios puntos del texto sustitutorio “limitan la capacidad del Estado para garantizar que no se desarrollen actividades mineras en zonas prohibidas” y podrían debilitar la lucha contra la minería ilegal.
La carta, firmada por el ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz, resume la postura técnica del Ejecutivo y plantea modificaciones claves al proyecto impulsado desde la Comisión de Energía y Minas.
Ejecutivo pide acortar la ampliación
El Minem propone que la ampliación del proceso de formalización minera se limite únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026, señalando que ese plazo es suficiente considerando las medidas de simplificación administrativa actualmente en curso.
La postura contrasta con el dictamen aprobado en comisión, que extiende la vigencia del Reinfo dos años más, hasta fines del 2027, una demanda promovida por organizaciones de pequeños mineros y respaldada por bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, APP y Somos Perú.
El sector también rechaza de manera tajante la posibilidad de reincorporar a más de 50.000 operadores mineros excluidos del Reinfo en junio de este año, luego de verificarse que no realizaron actividades durante más de un año o incumplieron requisitos mínimos como mantener RUC activo, presentar declaración de producción o contar con el IGAFOM.
Según el documento enviado a la PCM, permitir su retorno significaría “habilitar el mal uso de inscripciones” y reducir las herramientas del Estado para controlar actividades en zonas prohibidas.
Minem rechaza tener competencias ambientales
El texto remitido a Álvarez Miranda también solicita eliminar partes del dictamen que trasladan competencias ambientales al Minem. En el oficio recalcan que dichas funciones corresponden legalmente a los gobiernos regionales.
Asimismo, pide retirar la disposición que suspende los procedimientos de exclusión del Reinfo, pues inmovilizar ese mecanismo, clave para depurar a operadores inactivos o irregulares, podría facilitar que la minería ilegal se camufle dentro del proceso de formalización.
El sector también cuestiona la propuesta de ordenar por ley un nuevo Censo Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Según el ministerio, esa medida ya está contemplada en normas vigentes y no requiere sobrerregulación.
Sobre la actualización de coordenadas, el Minem solicita precisar que el cambio solo se aplica a concesiones colindantes, no al territorio en general, para evitar interpretaciones que puedan expandir indebidamente la zona de actividad minera.
Proponen nuevos requisitos
El ministerio propone incorporar exigencias laborales al proceso de formalización, como la inclusión obligatoria de trabajadores en planilla, bajo el objetivo de que “el proceso no solo sea ambiental y administrativo, sino también laboralmente responsable”.
También plantea que, si la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o el Serfor no emiten opinión técnica dentro del plazo establecido durante la evaluación del IGAFOM, el trámite continúe, evitando que los expedientes queden paralizados indefinidamente.
Finalmente, el sector sugiere cambiar la denominación de “minero en vías de formalización” por “titular de una licencia temporal de producción minera”, para evitar confusiones con actividades ilegales.
Se debate la ampliación en el último pleno del año
El Pleno de hoy será el último del año y concentra uno de los debates más sensibles de la agenda minera. La propuesta de ampliar el Reinfo hasta el 2027 surgió en medio de fuertes presiones de asociaciones de pequeños mineros.
El propio presidente José Jerí adelantó que la ampliación “será por menos de dos años” y que el Gobierno “no permitirá” el retorno masivo de los 50 mil excluidos, salvo “excepciones justificadas”.
El dictamen llega al hemiciclo con un amplio respaldo multipartidario, pero también con observaciones técnicas que podrían modificar su contenido final. Lo que se defina hoy marcará el rumbo del proceso de formalización minera en los próximos años y tendrá impacto directo en la lucha contra la minería ilegal en regiones como Madre de Dios, Pataz y Puno.
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