Una década después del asesinato de Katy Topia Asencio en una zona de minería ilegal de Madre de Dios, sus padres, Julio Topia Flores y Juana Asencio de Topia, aún buscan justicia. La joven, originaria de Ayacucho, fue hallada sin vida en una fosa común tras haber sido llevada desde su hogar con mentiras por un familiar. Pese al paso de los años, la pareja de adultos mayores no ha recibido respuestas ni avances significativos en la investigación, y denuncia la indiferencia de las autoridades ante el crimen que les arrebató a su única hija.
En 2014, Katy tenía apenas 16 años cuando un allegado se ofreció a llevarla presuntamente para trabajar en una tienda de ropa. Los padres afirman que todo fue un engaño y que la adolescente terminó en La Pampa, una de las zonas más peligrosas del país debido al auge de la minería ilegal y la presencia de redes de trata de personas.
La promesa de un mejor futuro terminó en tragedia, sumiendo a la familia en un duelo interminable. Durante estos años, han realizado innumerables viajes, insistiendo ante la Fiscalía y el Poder Judicial, pero nunca han obtenido una explicación oportuna.
El caso de Katy pone en evidencia la desprotección de las víctimas y sus familias frente a delitos vinculados a la trata y la explotación en el Perú. La historia de estos padres simboliza la lucha y la resistencia ante la impunidad, mientras su clamor se repite entre muchos otros que también buscan respuestas por seres queridos desaparecidos o asesinados en contextos de minería y violencia.
Joven fue llevada con engaños a zona de minería ilegal
De acuerdo con el relato de Julio Topia Flores, la familia se vio envuelta en el drama cuando un familiar se acercó con la supuesta intención de brindar a Katy una oportunidad laboral legítima. “Con mentira, para que trabaje en una tienda, yo tengo tienda de ropa y va a trabajar ahí, diciendo. Eso es mentira”, relató el padre, quien insiste en que la verdadera razón era alejar a la menor de su hogar para llevarla hasta la región amazónica.
Las semanas posteriores a la desaparición fueron marcadas por la incertidumbre, la búsqueda y la desesperación. La ausencia de su hija se transformó en un calvario tras recibir la noticia de que había sido hallada sin vida, convertida en una víctima más del circuito de explotación y violencia que opera alrededor de la minería ilegal en La Pampa.
El engaño se materializó a través de tratados familiares, lo que profundizó la traición experimentada por los padres. Para ellos, el daño se agudiza por la facilidad con que una menor pudo ser trasladada entre regiones y explotada sin que ninguna entidad estatal interviniera para prevenir o detener el crimen.
Diez años de búsqueda de justicia sin respuestas oficiales
Durante estos diez años, Julio Topia Flores y Juana Asencio de Topia han insistido sin tregua ante diversas instituciones. “Yo quiero justicia, doctor, para mi hija”, expresó entre lágrimas el padre, señalando la falta de información y apoyo. Han acudido reiteradamente a la Fiscalía y al Poder Judicial en busca de respuestas, pero según su testimonio, nunca han obtenido razón ni avances en el caso.
El dolor de la pareja se agrava por la indiferencia y lentitud de las autoridades. El reclamo va más allá de su pérdida personal: exigen que se asuman responsabilidades institucionales para evitar nuevas víctimas en circunstancias similares y que los responsables materiales y cómplices del crimen sean debidamente sancionados.
El silencio oficial no solo bloquea el acceso a la justicia, también perpetúa el ciclo de impunidad y desprotección, especialmente para menores provenientes de regiones vulnerables. La familia Topia representa a muchos otros hogares peruanos desamparados por el sistema tras la desaparición o asesinato de sus hijas.
En cada aparición pública, los padres vuelven a exigir que las autoridades realicen el trabajo que les corresponde. Insisten en que su caso se investigue, en que no haya olvido, y en que la historia de Katy no quede como un expediente abandonado más.
Trata de personas cada día suma más víctimas
La historia de Katy Topia Asencio se suma a la grave crisis de trata de personas que enfrenta el Perú, un delito que golpea mayoritariamente a mujeres, niñas y adolescentes. Según datos oficiales recientes, el país registra cerca de 2.000 casos anuales de trata, con una mayoría de víctimas trasladadas a zonas de explotación laboral o sexual, asociadas frecuentemente a la minería ilegal.
Durante 2024, el Ministerio Público recibió más de 2.600 denuncias por este delito, mientras que el impacto económico anual asciende a unos USD 1.300 millones, divididos entre explotación laboral y sexual. Autoridades como la Comisión de Mujer y Familia y el Ministerio del Interior reportan campañas, asistencias y capacitaciones, pero las cifras de impunidad y afectación permanecen altas.
El 99,5 % de las víctimas de trata identificadas en el último año fueron mujeres, con un 73 % correspondiente a niñas y adolescentes. Organismos especializados, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, han reforzado la atención y la protección, aunque los padres de Katy y muchas otras familias siguen esperando justicia y resultados concretos contra los responsables.
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