La madrugada del miércoles 3 de diciembre, un incendio consumió 18 buses de transporte urbano en una cochera de la avenida Húsares de Junín, en el distrito de Ate Vitarte.
Según informó RPP, las llamas dejaron sin su herramienta principal de trabajo a decenas de choferes y propietarios, muchos de ellos con deudas bancarias e incertidumbre sobre su futuro laboral.
El siniestro ocurrió en un predio privado que funcionaba como resguardo nocturno para cerca de treinta unidades de distintas empresas, entre ellas la Etmimsa, que perdió 15 de sus vehículos, además de Nassac y Angamos.
“Hemos perdido todo, no tenemos nada para trabajar”, lamentó uno de los conductores al medio radial. La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) controlaron la emergencia y cerraron el área para investigar el origen del fuego.
Aunque los transportistas negaron haber recibido amenazas previas, la PNP aún no descarta ninguna hipótesis, incluyendo un posible cortocircuito o un atentado con fines extorsivos.
¿Nueva modalidad de extorsión?
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), y Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, han expresado su alarma ante la ola de ataques contra buses urbanos.
En declaraciones a Perú21, Ojeda alertó que en las últimas dos semanas unos 25 buses han sido incendiados en tres atentados perpetrados en cocheras, afirmando que “son cinco empresas” afectadas.
El dirigente señaló que los empresarios y choferes formales viven en un estado de “preocupación total” y exigen una reunión urgente con el presidente para obtener garantías.
Ojeda sostuvo que los casos denunciados marcan una nueva estrategia de extorsión, en la que organizaciones criminales queman vehículos con el objetivo de forzar el pago de cupos.
“Las denuncias por extorsión son posteriores, pero es sospechoso que hayan ocurrido tres atentados similares en tan poco tiempo”, apuntó el dirigente al mencionado medio.
Por su parte, Vargas destacó que la quema de buses en cocheras particulares —donde estacionan unidades de varias empresas— constituye “un hecho sintomático y sospechoso” que podría revelar la presencia de una nueva modalidad delictiva.
Alertó que “el problema de la violencia contra el transporte no es reciente”, recordando que solo en el último año y medio han fallecido 150 conductores vinculados al sector.
“Terror tenemos; miedo tenemos”, agregó subrayando que la incertidumbre impacta tanto a empresarios como a choferes, quienes podrían dejar de salir a trabajar por el temor a nuevos ataques.
Ambos dirigentes han exigido la implementación de medidas de control territorial, la prohibición de dos personas por motocicleta y un seguimiento estricto de las investigaciones y normas recientes, como la creación de una unidad de élite policial.
Latente amenaza de paro
La posibilidad de un paro nacional de transportistas permanece en el horizonte. Martín Ojeda advirtió que los gremios del sector evalúan adoptar “medidas radicales” si no reciben garantía de seguridad por parte del Gobierno.
“Pedimos una reunión directa antes de decidir un paro entre una semana o semana y media”, precisó el director del CIT.
Por ahora, las organizaciones se mantienen en ronda de negociaciones. Una reunión descentralizada con el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, está prevista para abordar los recientes atentados y buscar respuestas frente a la inseguridad.
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