La delincuencia alcanza a la política: un precandidato a diputado fue asesinado y dos aspirantes a la presidencia sufrieron atentados

La delincuencia se ha posicionado en los últimos años como una de las preocupaciones principales de los peruanos. El 80.9% de ciudadanos de este país, que han sido víctimas de la delincuencia, no denuncian el hecho. El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre seguridad ciudadana, entre abril y septiembre de este año, precisa que solo el 19,1% de la población de 15 años a más reportó a las autoridades lo que le sucedió.

Ahora, los efectos de la criminalidad también se ve reflejada en la política. Hasta el momento, dos candidatos presidenciales han sido objeto de atentados y un aspirante a diputado ha sido asesinado. A continuación, los tres casos donde la delincuencia ha afectado directamente a políticos que aspiran a tener un cargo público en las elecciones generales del 2026.

Ataque a Rafael Belaunde

El último ataque a un precandidato presidencial fue al representante de Libertad Popular, Rafael Belaunde. El ataque ocurrió cuando la política inspeccionaba terrenos de su propiedad en Cerro Azul, en Cañete. El agresor disparó desde una motocicleta en movimiento.

Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP) activó el ‘Plan Cerco’ para movilizar personal especializado, asegurar la zona y recabar evidencias. Equipos de homicidios y criminalística se presentaron en el lugar para evaluar la escena, recolectar pruebas balísticas y revisar las rutas de escape utilizando videovigilancia y registros de peajes.

El jefe de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que Belaunde se encontraba solo, sin chofer, y que prestó su testimonio a las autoridades acompañado de un oficial de la División de Investigación Criminal de Cañete. Indicó que la víctima no había recibido amenazas previas ni enfrentaba conflictos por la propiedad del terreno supervisado, descartando de momento una motivación política o de venganza personal.

El alcalde de Cerro Azul, José Pain, también se pronunció sobre el atentado. Puso a disposición las imágenes de las cámaras de seguridad del distrito para la investigación policial y aseguró que ningún ciudadano resultó herido durante el ataque. El alcalde subrayó que este tipo de hechos no debería repetirse y lamentó el contexto de inseguridad que afecta a la región.

Rafael López Aliaga

Sin embargo, el primer aspirante a Palacio Gobierno en reportar un atentado en su contra fue Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. En octubre de este año, comunicó que el Estado reforzó su resguardo luego del incidente.

Un sujeto, presuntamente armado, intentó atacarlo durante la presentación de una obra en Villa María del Triunfo. El individuo portaba un arma con seis balas y confesó su intención de disparar contra el entonces alcalde. El acontecimiento provocó el repudio de la Municipalidad Metropolitana de Lima y motivó la intensificación de la seguridad.

El político mencionó que la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional estableció un protocolo para que los candidatos presidenciales dispongan de protección policial a partir del 23 de diciembre, fecha límite para la formalización de candidaturas según el Jurado Nacional de Elecciones. El jefe de la unidad responsable detalló que este acompañamiento se realizará durante las actividades públicas y traslados de los postulantes.

El líder de Renovación Popular sostuvo que la escalada de violencia impacta en el ambiente previo a la elección general de 2026, proceso en el que se reinstalará el Parlamento bicameral tras más de 30 años.

Un precandidato asesinado

El abogado Percy Ipanaqué, candidato a diputado con Juntos por el Perú, fue asesinado a balazos por sicarios en Piura, en oviembre de este año. En agosto, había señalado públicamente al general Manuel Farías, jefe policial de la región, y lo responsabilizó directamente en caso de que le ocurriera algo. El político y abogado representaba a un detenido acusado de vínculos con la banda ‘Los Apretones de Piura’ y denunció a agentes de inteligencia de la Policía Nacional por supuesta manipulación de pruebas.

Durante una declaración a la prensa local, explicó que la detención de su defendido se realizó sin pruebas sólidas ni la presencia de abogados defensores. Calificó el operativo como un intento de “lavar la cara” de la institución policial y acusó a los agentes de sembrar pruebas, una práctica que, según él, afecta a personas inocentes que resultan presas preventivamente.

Asimismo, afirmó que el general Manuel Farías había sentenciado públicamente a los detenidos, llamándolos delincuentes y cabecillas antes de que concluyeran las investigaciones. Sostuvo que existía temor dentro de la policía porque los supuestos montajes no habrían resultado efectivos. El candidato aseguró que presentó su denuncia ante la Inspectoría General de la PNP y dejó un video en el que reiteró que haría responsable al general Farías si sufría algún daño.

El asesinato de Ipanaqué se produjo frente al cementerio Campo de Paz, en el distrito de Castilla. El general Farías no se ha pronunciado sobre la muerte del abogado, aunque declaró al dejar su puesto policial que su gestión concluye con satisfacción por las acciones en beneficio de la región. Piura se encuentra en un contexto crítico de inseguridad, con cifras de homicidios que casi igualan a todo el año previo.

Antes de su muerte, Ipanaqué grabó un mensaje exhortando a la Policía Nacional a luchar frontalmente contra la criminalidad. En ese video advirtió sobre la presencia de intereses empresariales y de autoridades detrás de los crímenes y criticó la respuesta insuficiente ante la ola de sicariatos y extorsiones en la región. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones, Piura acumuló 115 homicidios hasta octubre de 2025.