TC frena reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: Otorgan medida cautelar a la JNJ

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la solicitud de medida cautelar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), suspendiendo provisionalmente la orden de reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Por mayoría (cinco votos a favor y dos en contra), el máximo órgano constitucional acordó detener la ejecución de la decisión tomada por el juez Juan Torres Tasso, quien había dispuesto que Espinoza retomara funciones al frente del Ministerio Público. La orden surtirá efectos cuando la resolución sea redactada, publicada y notificada.

La decisión se da luego de que la Procuraduría Pública de la JNJ remitiera un oficio al máximo ente reiterando su pedido a puertas del vencimiento del plazo para restituir a Espinoza —con la advertencia de iniciar sanciones por desobediencia, incluida la posible apertura de investigaciones penales a los miembros de la JNJ— argumentando que la orden vulnera la autonomía e independencia institucional del órgano en el régimen constitucional peruano.

A ello se suma un “nuevo hecho que refuerza el sustento del peligro en la demora” de la medida cautelar solicitada. Se refieren a la decisión del juez Torres Tasso de dar, otra vez, un plazo de dos días para que los consejeros acaten y dispongan el regreso de Espinoza al Ministerio Público.

Como se conoce, Espinoza fue suspendida por la JNJ en septiembre dentro de un proceso disciplinario por no ceder el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides a pesar de que fue válidamente elegida por la Junta de Fiscales Supremos.

El conflicto judicial se originó a partir de la decisión previa del juez Torres Tasso de restituir a Espinoza por considerar que su suspensión vulneraba garantías procesales. La JNJ rechazó esta resolución, alegó graves irregularidades y defendió su potestad para dictar medidas preventivas mientras avanzaba la investigación. Es ahí donde reiteró el pedido.

En el plano internacional, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, manifestó preocupación por lo que calificó como “una ofensiva coordinada para obstaculizar la labor de Delia Espinoza”. Afirmó que los procedimientos disciplinarios y la reducción de la protección personal de Espinoza representan una amenaza para la imparcialidad de los procesos judiciales y subrayó que los jueces no deben recibir represalias por el sentido de sus decisiones.

En paralelo, el Congreso de la República debatirá el informe final de la Comisión Permanente que recomienda su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, además de la apertura de investigación penal. La votación sobre su inhabilitación está calendarizada para el 3 de diciembre.

La defensa jurídica de Espinoza, encabezada por Rodolfo Pérez, describió el proceso de inhabilitación seguido por el Congreso como “kafkiano”. Sostuvo que, a diferencia de otros tres fiscales investigados por los mismos hechos, Espinoza fue la única sancionada, mientras Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos fueron absueltos. Esta situación, para el abogado, atenta contra la igualdad ante la ley. Subrayó que el proceso disciplinario se inició por presunta invasión de competencias respecto a la Policía Nacional en el trámite de la resolución 2246, pero que la responsabilidad sobre los actos administrativos recaía en Villena, sin pruebas que señalaran culpabilidad de Espinoza.