La búsqueda de protección personal y la lucha contra la inseguridad han llevado a numerosos ciudadanos y empresarios en Lima a enfrentarse a un laberinto burocrático que, lejos de ofrecer soluciones, multiplica la incertidumbre. Mientras la delincuencia se expande y las extorsiones se convierten en una amenaza cotidiana, quienes intentan acceder a una licencia de armas de fuego para defenderse se topan con un sistema que parece diseñado para desalentar cualquier intento de autodefensa legal. La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidad encargada de regular estos permisos, se ha convertido en el epicentro de reclamos y frustraciones.
Un informe de Panorama obtuvo el testimonio de un joven empresario de 22 años, propietario de un negocio en uno de los distritos más prósperos de la capital, se condensa la experiencia de muchos. “Yo estoy tramitando la L1, que es de defensa personal. Ya vamos dos años en esto y aun así todavía no he podido tener una respuesta concreta, más que las mismas que siempre me dan”, relató este ciudadano, quien ha sido víctima de extorsión y robos violentos. La espera, que según la ley debería limitarse a 21 días hábiles, se ha extendido a más de 700 días, sin que la Sucamec le otorgue la licencia solicitada.
La situación no es exclusiva de los particulares. Empresas de seguridad privada y agentes de resguardo también denuncian que la demora en la entrega de licencias paraliza su actividad y deja sin protección a quienes transportan grandes sumas de dinero o resguardan instalaciones estratégicas. “El contrato de trabajo no lo pueden tener porque no les dan la licencia”, explicó un representante del sector, quien detalló que más de cien resguardos se encuentran en la misma situación, imposibilitados de trabajar por la falta de autorización.
La Contraloría General de la República advirtió que la Sucamec incumple los plazos legales para resolver los trámites, lo que afecta directamente a ciudadanos y empresas que cumplen con todos los requisitos.
“Llegan a los treinta, cuarenta, cincuenta días que lamentablemente afectan de manera directa al usuario a recibir un pronunciamiento, ya sea otorgando esa licencia o denegándola”, señaló un funcionario de la Contraloría, quien no descartó que este proceder pueda tener visos de ilegalidad, dado que la norma exige una respuesta en un plazo máximo de veintiún días.
El drama de la autodefensa frustrada
La inseguridad obligó a muchos a buscar alternativas legales para protegerse. “Me han robado mi camioneta, me han roto las ventanas con arma de fuego, estando yo con mi señora madre”, narró el joven empresario, quien además denunció ser víctima de extorsión: “A mí me han pedido dinero de entre treinta mil a cincuenta mil soles. Me escriben, me llaman casi todos los días”. Pese a haber presentado toda la documentación exigida, haber aprobado los exámenes psicológicos y no contar con antecedentes penales, policiales ni judiciales, la Sucamec ha rechazado en cuatro ocasiones su solicitud.
El proceso, lejos de ser excepcional, se repite en numerosos casos. Néstor Andrade Musiris, director de la Asociación de Propietarios Legales de Armas de Fuego (APLAF), lleva más de cuarenta años portando un arma para defensa personal, pero actualmente se encuentra desarmado a la espera de la renovación de su licencia L1.
“Esta es una pistola calibre nueve por diecinueve. Tiene un abastecimiento de diecisiete tiros. Yo presenté la renovación de licencia hace aproximadamente cuarenta días”, explicó Andrade, quien se siente desprotegido ante la posibilidad de un ataque. “Nunca he sido un peligro ni una amenaza para la sociedad. No sé por qué se demoran tanto en la renovación de mi licencia”, afirmó.
El impacto en la seguridad privada y empresarial
La parálisis administrativa de la Sucamec afecta de manera directa a las empresas de seguridad privada, responsables de transportar millones de soles diariamente. Un representante del sector ilustró la magnitud del problema: “Asumamos hipotéticamente que alguno de los asociados tiene hoy treinta o cuarenta permisos o licencias que no se otorgan. Esa cifra puede parecer pequeña, pero si hablamos del transporte de valores, cada carrito blindado lleva a tres personas. Si hablamos de treinta licencias, estamos hablando de diez carritos blindados. Diez carritos blindados no transportan dos mil soles, tres mil soles, cincuenta mil soles. Es mucho más la cantidad de dinero”.
La demora en la entrega de licencias de tipo L4, necesarias para los agentes de seguridad de empresas formales, ralentiza el movimiento de caudales y afecta la economía. “La demora impacta negativamente en la función o el servicio de la empresa. Ahí la mala gestión de Sucamec no solo tiene una repercusión en la mala imagen de la institución, sino algo peor, que es impactar negativamente en un servicio que ahora es altamente demandado: el servicio de seguridad”, advirtió otro empresario del sector.
El caso de Enzo Trece, empresario y dueño de una automotriz, evidencia otro aspecto del problema. Aunque cuenta con licencia vigente, no ha recibido la tarjeta de propiedad de la pistola semiautomática Beretta calibre nueve por diecinueve milímetros que adquirió por cinco mil quinientos soles. “Tengo licencia, mas no tengo tarjeta de propiedad, porque es una tarjeta de propiedad por cada arma que tú tienes”, explicó Trece, quien lamenta que el arma permanezca inutilizada en los almacenes de la Sucamec, representando un capital inmovilizado.
Burocracia, denuncias y armas almacenadas
La Sucamec no solo enfrenta críticas por la lentitud en la tramitación de licencias, sino también por la gestión de las armas incautadas o recuperadas. Fotografías recientes muestran cientos, incluso miles de armas, entre ellas fusiles de guerra y pistolas ametralladoras, acumuladas en los depósitos de la entidad. “Hablamos de más de cuatro mil armas que, si bien es cierto estaban almacenadas dentro de la Sucamec, estas en algunos casos no estaban correctamente inventariadas”, reconoció un funcionario.
La Contraloría ha reiterado que la Sucamec paraliza los expedientes de sus usuarios, incumpliendo la ley y generando un clima de desconfianza. “Por supuesto, no descartamos de que este procedimiento tenga algún tipo de ilegalidad, porque recordemos que la norma está para cumplir. Si los plazos dicen taxativamente que se debe emitir una respuesta dentro de los veintiún días, corresponde ahora que la entidad nos dé una explicación por qué motivo se está demorando más allá de esos plazos”, sostuvo el representante de la Contraloría.
En respuesta a las denuncias, la Sucamec emitió un comunicado en el que anunció la optimización del monitoreo virtual sobre los avances de todos sus trámites. No obstante, tras la consulta de los casos de los empresarios afectados, dos de ellos recibieron la notificación de que sus licencias habían sido aprobadas, después de meses e incluso años de espera.
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