
Con la reciente aprobación del Presupuesto Público 2026, el sector de la vivienda formal en el Perú enfrenta un momento crítico. Aunque cumplen un papel central en la economía y en la reducción de brechas sociales, el presupuesto destinado a los principales programas de subsidios habitacionales sufrió un recorte cercano al 50% respecto al año previo.
La decisión fue ratificada por el Consejo de Ministros y adoptada por el Congreso sin modificaciones. Así, se limita la capacidad del Estado para atender la creciente demanda por vivienda social y se estrechan las opciones para miles de familias peruanas.
Presupuesto 2026 del MEF reduce a la mitad fondos para vivienda social en Perú
Según las cifras oficiales, el presupuesto total para subsidios habitacionales baja de S/2.175 millones en 2025 a S/1.088 millones en 2026. Este ajuste implica una disminución absoluta de S/1.087 millones y una reducción porcentual del 50%. En tanto, el programa Techo Propio para adquisición de vivienda nueva (AVN) reduce su asignación de S/1.263 millones a S/678 millones.
El Nuevo Crédito Mivivienda pasa de S/687 millones a S/335 millones, mientras que el Bono del Buen Pagador (BBP) baja de S/225 millones a S/75 millones. Esta reducción impactará directamente en la cantidad de familias beneficiadas, ya que cerca de 60.000 hogares recibieron apoyo de estos programas en 2025, pero apenas unas 30.000 podrán acceder en 2026.
Solo 30.000 familias accederán a subsidios de vivienda en 2026
Para la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), la situación genera preocupación ante el riesgo de exclusión de numerosas familias. Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP, advierte que el menor financiamiento “está dejando a muchísimas familias fuera del programa, ya que sin subsidios no les va a ser posible completar su cuota inicial de adquirir su vivienda”.
¿Cómo se llegó a este punto? El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le comunicó a la CODIP que el presupuesto reducido para subsidios habitacionales ya había sido elaborado y enviado por gobierno de Dina Boluarte y que, una vez ingresado al Congreso, no era posible modificarlo, “por mucho que los gremios lo intentaron advertir y conversar”.

Gálvez asevera para Infobae Perú que la vivienda formal garantiza desde el primer día acceso a servicios básicos como agua, luz, desagüe e internet, y contribuye a cerrar otras brechas críticas, incluidas salud, educación y seguridad ciudadana. Es una política de Estado angular.
De mantenerse el recorte, se reducirá a la mitad el alcance de los programas sociales de vivienda, lo que podría frenar la colocación de nuevas unidades y condenaría a muchas personas a seguir fuera del mercado formal. “Aquí, la falta de previsibilidad frena las inversiones inmobiliarias a largo plazo”, relata.
Desarrolladorws y constructoras solicitarán crédito sumplementario de emergencia en el verano 2026
Los gremios de construcción, como CODIP y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), han advertido al Ejecutivo y al Congreso sobre la necesidad de ampliar el presupuesto en debates suplementarios de enero o febrero, en busca de demostrar los beneficios sociales y económicos de la vivienda formal.
Su objetivo es que el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconsideren el monto asignado y planteen una ampliación que permita recuperar el ritmo de la política habitacional, dado que el recorte afecta directamente al programa Techo Propio AVN, el más castigado en la nueva distribución. “Debería crecer casi 67%”, grafica Gálvez.

Además, advierte que la menor asignación golpea tanto a proyectos en venta como a construcciones ya iniciadas, debilitando no solo la oferta futura, sino también las inversiones en marcha y su cadena de proveedores. Para Gálvez, la imposibilidad de establecer políticas de largo plazo ha sido una de las grandes taras para la vivienda formal en el país. Así, es difícil arriesgar. Y ante mayor riesgo para el desarrollador, los precios suben.
“No solo afecta a quienes quieren comprar, sino también a las empresas que apostaron por nuevos desarrollos. Muchos proyectos estaban en construcción pensando en un presupuesto similar al año pasado, ahora tendrán que ajustarse”, agrega Gálvez.
Techo Propio, el programa más afectado por el ajuste presupuestal
CODIP recuerda que la industria inmobiliaria formal es el segundo motor de la economía peruana (S/280.000 empleos directos, solo superada por la minería), con un peso relevante en generación de puestos de trabajo e inversión. Si el recorte se mantiene, calcula el gremio, hasta la mitad de esos puestos podrían estar en riesgo durante 2026.
Cecilia Gálvez subraya la importancia de dotar de previsibilidad al sector, como en el caso de Colombia, donde la política de subsidios se diseña con horizonte de 5 a 10 años. A su juicio, una estrategia de este tipo permitiría planificar inversiones, promover ofertas sostenidas y garantizar acceso a la vivienda para miles de familias que hoy dependen del subsidio. Pero, lo que hoy tenemos, es un sector que dejará de pisar el acelerador unos 3 o 4 meses.
¿Y qué pasa si el presupuesto no se mueve para 2026? En el peor escenario, relata Gálvez, el sector anticipa una contracción sin precedentes: no solo menos obras y menos familias beneficiadas, sino también una grave caída de la demanda y pérdida de empleo en el sector formal.
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